Este año no se han registrado agresiones a periodistas

Oscar Rodríguez
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 4 de mayo, 2016

Contrario a lo que ocurre en casi todo el país, en Yucatán la libertad de expresión está garantizada. Prueba de ello son las pocas denuncias interpuestas por periodistas, pues en 2015 fueron apenas dos y en el presente año no se ha registrado ninguna, expresó el consejero presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), José Enrique Goff Ailloud.

En entrevista, el ómbudsman yucateco consideró que los trabajadores de los medios de comunicación, al igual que el resto de los asalariados que dependen de la iniciativa privada, laboran con prestaciones laborales deficientes y bajos salarios.

“Consideramos que pudieran ser mejoradas las condiciones laborales, consideramos que el salario mínimo es bajo; una persona no puede vivir con ese salario y con las prestaciones de ley que se tienen. Resulta difícil que una persona pueda mantener una familia y garantizar todas las cosas que como proveedor tiene que hacer”, opinó el titular de la Codhey.

Cuestionado a propósito por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado ayer, el ómbudsman estatal mencionó que los casos que se han registrado en la entidad en años recientes son “aislados”.

“Incluso se han emitido particularmente dos recomendaciones al respecto a la Secretaría de Seguridad Pública, pero consideramos que en Yucatán está garantizado el derecho a la libertad de expresión. Lo podemos ver a través de las publicaciones de los diferentes medios, creemos que sí está garantizado”, manifestó.

Precisó que a pesar de que existen algunos casos de agresiones contra periodistas, la situación no es ni remotamente comparable con la que viven los comunicadores de otras entidades federativas.

En otros temas, Goff Ailloud opinó que es necesario fortalecer la autonomía presupuestaria de la Codhey, pues ello garantizará un trabajo más eficiente por parte de ese organismo.

“Una manera de garantizar la autonomía presupuestal de los derechos humanos es amarrar el presupuesto a un .001 por ciento del asignado al gobierno del estado, tal y como se encuentra el Poder Judicial”, comentó.

Indicó que la Ley de la Codhey presenta un avance importante en materia de asignación presupuestal, toda vez que no se le pueden asignar menos recursos que en el último ejercicio.

“La autonomía radica más que nada en que son las organizaciones civiles las que proponen, que es el Congreso del estado quien designa al presidente y no hay una injerencia por parte del Ejecutivo; además que el presupuesto de la institución no viene etiquetado”, finalizó.