Iniciativa ajustable, pero sin perder su escencia

Paul Antoine Matos
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 4 de mayo, 2016

La iniciativa ciudadana Ley 3 de 3, firmada por más de 600 mil mexicanos, para que sea parte integral del Sistema Nacional Anticorrupción, puede tener algún pequeño ajuste, “pero que no pierda la esencia”, manifestó Óscar Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales (INAI).

Previo a su conferencia magistral, con el tema de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el Tribunal Superior de Justicia del estado, Guerra Ford expresó que la Ley 3 de 3 es una iniciativa valiosa, razón por la cual recibió tanto apoyo de los mexicanos. Incluso, reveló que el año pasado él hizo su declaración patrimonial y este año la actualizará.

Sobre la discusión en la cámara baja de la Ley 3 de 3, la cual se ampliará a un período extraordinario, indicó que “hay que aplaudir al Senado que abrió sus puertas para escuchar a las diferentes organizaciones de la sociedad civil”, aunque hay puntos que no coinciden.

Expresó que las declaraciones sí deben involucrar al núcleo familiar, pero debe discutirse el grado. “Debe ser obligado para los padres, hijos y cónyuges”, consideró. Como alternativa para mantener segura la información, mencionó que se podrían ofrecer las colonias y el valor de los predios, pero sin especificar la dirección.

Al abordar el tema de la nueva Plataforma Nacional de Transparencia, Guerra Ford expresó que, tras la reforma constitucional al artículo 6, que derivó en una ley general, se indica una solución tecnológica que mejore, amplíe y facilite el derecho de acceso a la información, con lineamientos y funcionamientos aprobados, que permitan a cualquier persona del país solicitar información a las autoridades, cuya obligación es proporcionarla.

Señaló que la plataforma permitirá que, con una sola pregunta, respondan varios sujetos obligados, como pueden ser los municipios. Además, los solicitantes podrán interponer un recurso de inconformidad, si consideran que la respuesta recibida del sujeto obligado es inexacta o incompleta, por tanto será revisada por el órgano garante.

Enfatizó en que la ley general mejora y aumenta de forma cualitativa y cuantitativa las obligaciones de transparencia para que las dependencias publiquen la información en Internet. De igual forma, mencionó que existen 48 artículos genéricos y específicos en los que se indica a los partidos políticos, comisiones de Derechos Humanos y universidades, entre otros, a transparentar la información. Las sanciones para quien incumpla serán de 12 mil pesos a 120 mil pesos.

“Será un cambio importante para que la gente tenga información de forma sencilla y rápida”. Destacó que Yucatán publicó el lunes la reforma constitucional que homologa el derecho al acceso a la información, con la ley del país. Dijo que a partir de mañana, 5 de mayo, estará disponible.