Texto y foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

Mérida
7 de abril, 2016

La solicitud de decreto para que el gobierno del estado contraiga una deuda hasta de mil 500 millones de pesos, se distancia del argumento original propuesto por el Ejecutivo en su estrategia Escudo Yucatán, debido a la ambigüedad en el artículo segundo que abre la posibilidad de que el 20 por ciento de ese recurso sea aplicado de manera discrecional en acciones ajenas a la seguridad pública, como la compra de tinacos y pisos.

Durante la jornada de ayer, en el Congreso local, los representantes populares debatieron por más de una hora en la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, luego que el presidente de la misma, el priísta Antonio Homá Serrano, repartió un decálogo con las razones de la solicitud de endeudamiento.

El diputado Elías Lixa Abimerhi, del PAN, cuestionó cada uno de los motivos planteados en el documento, toda vez que, a su parecer, contravenía lo plasmado en el proyecto de decreto entregado a dicha Comisión.

La crítica del panista se centró en dos temas: el momento de solicitar el empréstito por parte del gobierno que, una vez autorizado por el Poder Legislativo debe ser inmediato, y el artículo segundo del decreto, que deja abierta la posibilidad de que hasta 300 millones de pesos puedan ser aplicados en acciones como compra de tinacos o programas hidroagrícolas.

El artículo se refiere al rubro de inversiones públicas productivas enmarcadas dentro de los artículos 33 y 47 de la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación, que autoriza la mezcla de recursos para diferentes rubros como el combate a la pobreza, saneamiento financiero, obras hidráulicas, proyectos de investigación científica, entre otros, que no repercuten de manera directa en temas de seguridad pública.

Ante este panorama, Lixa Abimerhi consideró la necesidad de que esos recursos sean etiquetados de manera que se evite la tentación de utilizarlos en otros rubros que favorezcan la figura de algún gobernante o político.

Por su parte, la presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Celia María Rivas Rodríguez, defendió lo expuesto por el secretario de Administración y Finanzas (SAF), Alfredo Dájer Abimerhi, en el sentido que el empréstito pretendido no afectará de manera sensible las arcas estatales.

Recordó que en su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) escuchó en diversas ocasiones a procuradores de otras entidades federativas quejarse de no invertir en seguridad a tiempo, pues ello ocasionó una escalada delincuencial que ahora no puede ser detenida.

“Yucatán es una tierra de paz, es un lugar donde se cuida mucho la seguridad. Si queremos que siga siendo así, si queremos que todos continuemos con el desarrollo económico que hemos tenido hasta la fecha, es un tema prioritario para el estado”, advirtió.

Se pronunció por transparentar los recursos que se aplicarán, producto del endeudamiento solicitado por el Poder Ejecutivo, el cual será por el “bien de la ciudadanía”.

Rivas Rodríguez propuso la celebración de una reunión especial de trabajo entre los integrantes de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal para aclarar las dudas que han ido surgiendo respecto a la iniciativa en materia de inversión para la tecnología en seguridad.

“Para dar respuesta a los cuestionamientos específicos de los legisladores, es importante tener un encuentro con el apoyo de asesores e información aún más detallada, con el fin de que se consideren en el dictamen final”, señaló durante la reunión de trabajo del mencionado organismo.

En su calidad de vocal de dicha Comisión, además de las de Justicia y Seguridad Pública, así como de Puntos Constitucionales y Gobernación, enfatizó que los rubros a los que se destinaría la inversión están especificados de manera general, pues se trata de un presupuesto o proyecto para la utilización de los recursos.

“El documento señala de manera puntual que la cantidad que se solicitaría será para cámaras de seguridad, infraestructura, entre otros aspectos, lo que no está especificado es la cantidad exacta para cada rubro, pues se tienen que esperar las negociaciones que se realicen para optar por las mejores condiciones”, recalcó.

[b]Sin prisas[/b]

Los diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), Raúl Paz Alonzo y Nueva Alianza (Panal), Marbellino Burgos Narváez, respectivamente, aseguraron que a pesar de que el próximo viernes 15 concluye el segundo periodo ordinario de sesiones, no hay prisa alguna por aprobar el paquete de iniciativas y la solicitud de deuda que dan vida a la estrategia Escudo Yucatán, por lo que podría convocarse de manera extraordinaria para trabajar en torno al tema.

En primer plano, el coordinador de los diputados panistas, Paz Alonzo, consideró que debido a que se trata de una reforma de “gran calado”, no se debe aprobar al “vapor”, por lo que indicó que se tomarán el tiempo que sea necesario para crear un producto legislativo que beneficie a la sociedad yucateca.

Rechazó que la “gira” de sensibilización de la estrategia sea un factor de presión para los representantes populares.

Por su parte, el diputado Burgos Narváez hizo votos para que la actitud tomada por el gobierno estatal sea adoptada también en otros temas de trascendencia para la sociedad yucateca.


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