Agrupaciones civiles externaron su preocupación por la vista del presidente Andrés Manuel López Obrador a la península de Yucatán, para supervisar los avances del Tren Maya.
Expusieron que se trata de una reacción que busca hacer de su presencia una postura de afrenta, así como para reforzar un discurso con el que busca presentar una realidad que no existe.
"El anuncio de esta gira se da sólo días después de que se hiciera pública información sobre los distintos juicios de amparo presentados por comunidades mayas, barrios y activistas de derechos humanos", manifestaron en un comunicado.
Como hemos informado, en los últimos días se ha dado a conocer cinco nuevas suspensiones ordenadas judicialmente en contra de distintos aspectos del proyecto Tren Maya.
Para las organizaciones, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, KANAN Derechos Humanos, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Dialogo y Movimiento, Articulación Yucatán, Colectivo Tren Barrios, entre otras, estas resoluciones otorgadas en Campeche y Yucatán evidencian lo que desde hace meses han reportado: el proyecto amenaza los derechos humanos, sin que esto haya generado en las autoridades preocupación sino rechazo a cualquier crítica y movilización en defensa de los derechos.
Son al menos 15 juicios de amparos en contra del Tren Maya. Se han presentado por violar el derecho a la consulta indígena, por afectaciones al medio ambiente, por no hacer pública la integridad de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), por desalojos forzosos, por afectaciones al patrimonio cultural, entre otros.
"El proyecto está lleno de graves cuestionamientos. Pero el Presidente, lejos de dar espacio para pronunciarse y atender estos riesgos, se ha centrado en estigmatizar a las y los defensores y minimizar los problemas señalados", señalaron las agrupaciones en el comunicado.
"Que el Presidente venga, no a atender los reclamos y afectaciones de las personas que han promovido demandas de amparo, sino a reforzar un discurso triunfalista que estigmatiza a quienes se oponen al proyecto, representa un mensaje de confrontación para los pueblos, barrios y personas que defienden sus derechos, así como para el Poder Judicial de la Federación", señalaron.
En ese sentido, indicaron que hablar de “supervisar obras” e impulsarlas como reacción a las suspensiones otorgadas judicialmente, representan un desacato a la justicia y un daño al marco constitucional del Estado.
Frente a la contundencia de las suspensiones otorgadas, señalan que "el gobierno federal pareciera entonces responder con la estigmatización y el desprestigio, actuaciones que distan representar a un gobierno que se asume como democrático y plural".
En este sentido, las organizaciones firmantes piden al Presidente que se pronuncie y atienda los reclamos de los 15 procesos judiciales en curso, así como que ordene a FONATUR y a otras autoridades involucradas al estricto cumplimiento de las suspensiones otorgadas. "También exigimos garantizar la independencia judicial en los procesos, así como detener la campaña de provocación y desprestigio en contra de las comunidades y colectivos que defienden los derechos ante las violaciones provocadas por el proyecto Tren Maya", concluyeron.
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