La Jornada Maya
Foto: Cortesía
Mérida, Yucatán
Lunes 26 de noviembre, 2018
Las alzas de las tarifas eléctricas están cobrando sus primeras víctimas en el sector restaurantero, acusó Alejandra Pacheco Montero, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac).
Señaló que esta última semana, siete microempresas afiliadas a la Canirac confirmaron su cierre, lo que establece la pérdida de al menos 25 empleos y el mismo número de familias que se quedan sin sustento.
Aseguró que el problema radica en que son microempresas que no han logrado sortear el impacto de las tarifas eléctricas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con ello, la destrucción de empleos que dependen se este tipo de negocios.
De los 300 socios de Canirac, hay notificaciones de alarma por los excesivos cobros mensuales, que se han elevado de manera vertiginosa y obligan a las empresas a cerrar, sin poder pagar dichos montos.
La dirigente puso como ejemplo el caso de una cantina en el Centro Histórico, cuyo recibo se elevó casi 12 mil por ciento, con respecto al año pasado, y deberá pagar 364 mil pesos facturados.
Agregó que en Yucatán hay registradas unas 12 mil unidades económicas que venden alimentos, en su gran mayoría pequeños comercios, lo que establece que, si la Canirac ya recibió la notificación del cierre de siete empresas, muy viablemente hay decenas de pequeños comercios que están en números rojos y no podrán subsistir para cubrir sus costos básicos, por el pago de energía eléctrica.
"Estamos hablando de que de estas siete empresas se están perdiendo unos 25 empleos directos, pero este problema pone en riesgo unos 10 mil empleos de empresas de este sector", argumentó.
Pacheco Montero dijo que el sector restaurantero espera la reunión pactada con las autoridades del próximo gobierno federal para establecer las políticas de reducción de tarifas.
Dijo que las ventas por el cierre de año, los eventos que se han presentado en el estado y la feria de Xmatkuil han servido para nivelar las finanzas de algunas empresas, pero no todas tienen las posibilidades de aguantar el incremento de las tarifas.
Si bien ''el desacuerdo es legítimo, la descalificación es cuestionable'', señaló Juan Pablo Albán, presidente del organismo
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