Ley de Salud Mental en Yucatán viola DH: González Torres

Texto y foto: Juan Manuel Contreras
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 13 de noviembre, 2018

La Ley de Salud Mental de Yucatán, que fue aprobada por el Congreso del Estado y firmada por Rolando Zapata Bello en agosto del año pasado, contempla que menores de edad puedan ser recluidos en el Hospital Psiquiátrico, lo que representa “una grave violación a los derechos humanos”, acusó la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental (Consame), Virginia González Torres.

la normativa, orquestada por el diputado Manuel Díaz Suarez y el psiquiatra Arsenio Rosado Franco, presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado y subdirector de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), respectivamente, ha generado molestia entre diversos sectores de la sociedad, ya que no fueron consultados al respecto.

Entre los quejosos, figura la directora del Hospital Psiquiátrico de Yucatán, Jessica Andrade Márquez, la jefa de enfermeras de dicho nosocomio, Raquel Castro Puc, entre otras 524 personas inconformes, que de una u otra forma se relacionan con el ámbito de la salud mental.

“Es extraño que no haya consultado a la directora del psiquiátrico, ya que es quien se encargaría de aplicar la ley”, coincidieron en la rueda de prensa a la que convocaron a fin de hacer pública su postura sobre el tema.

González Torres explicó que la nueva disposición respondería a intereses económicos por parte de la industria farmacéutica, ya que los menores ingresados al psiquiátrico serían usados como sujetos de prueba en el desarrollo de nuevos medicamentos, “como ha ocurrido en años anteriores mientras Rosado Franco fungía como director del Hospital Psiquiátrico de Yucatán”.

Asimismo, detalló que más allá de omitir la consulta a las partes involucradas, la ley presenta “aberraciones” -en referencia a los tratamientos invasivos, como lobotomías que se practicarían en los infantes- y no contempla los compromisos internacionales que México ha adquirido ante diversas instituciones que velan por los derechos humanos.

Recordó que la comunidad psiquiátrica internacional busca que la gente ya no esté ahí de por vida, sino que se reintegre a la sociedad, y se oponen tajantemente a los hospitales psiquiátricos de niños.

[b]Oportuna y debida atención[/b]

Otro aspecto que destacó fue el contemplado en el artículo 55 de la ley, en el que se establece que “toda autoridad, actor social o líder comunitario que esté en contacto con personas que sugieran sintomatología de trastornos mentales, procurará la oportuna y debida atención de los mismos”.

Argumenta que dichos “actores sociales” -en clara referencia a la clase política- no son médicos, por lo que carecen de la preparación adecuada que permita determinar y ejercer autoridad en estos casos, sin embargo, la normativa se los permitiría.

“No sé si se le ocurrió a Manuel Díaz, quien a lo mejor va a andar por las calles viendo quién se porta mal; o no es de su partido, para meterlo al manicomio”, criticó.

El escrito, que fue dirigido a Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); a Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán; al Congreso del Estado y a otras dependencias federales y estatales, solicita la revisión y suspensión de la ley, antes de que ésta proceda.

La CNDH respondió al llamado, y será este jueves cuando se efectúe la reunión con los quejosos, a fin de que dicho organismo exhorte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a tomar cartas en el asunto. Aseguran que ante la inconstitucionalidad que impera en el documento, los legisladores emitirán un fallo que abrogará la Ley de Salud Mental.

Por su parte, el diputado Manuel Díaz Suarez lamentó las acusaciones. Explicó que cualquier persona está en su derecho de emitir una crítica “a esta y a cualquier ley”; sin embargo, condenó que se descalifique en trabajo de los numerosos especialistas que se involucraron en su desarrollo.

[b]Ley hecha “al vapor”[/b]

Entrevistado al respecto, el legislador aseguró que la ley “no fue hecha al vapor”; sino que hay muchos testigos de que se tomaron casi tres años, en los que organizaron foros, reuniones y consensos, involucrando a todas las partes posibles.

Cuestionado sobre la omisión de consultar al Consame y a la directiva del Hospital Psiquiátrico de Yucatán, respondió que “no por el hecho que alguien no haya sido requerido, le da derecho a ‘satanizar’ el trabajo realizado”.

También resaltó que resulta penoso el menosprecio al trabajo de un órgano colegiado de legisladores y aclaró que se trata de la interpretación de los artículos por parte de un grupo, por lo que resulta “un poco aventurado” afirmar que se violan los derechos humanos o que se actúa en contra de la niñez.

Recordó que el aumento de las enfermedades mentales -no sólo en la entidad, sino en el mundo- que derivan en el suicidio, requieren una legislación similar a la que existe en otros estados; y que son los especialistas quienes tienen que hablar sobre los tratamientos invasivos, los cuales han sido avalados por su bajo riesgo y eficacia terapéutica.

Sobre la observación de que se metería al psiquiátrico a las personas con fines políticos, recalcó que se trata de una mala interpretación de la ley, ya que todo servidor público que esté en contacto con alguien que presente sintomatología de enfermedades mentales debe procurar guiarlo a su tratamiento, “es algo que cualquiera haría”, finalizó.