Gobierno de Yucatán destinó 150 mdp a empresas fantasma

La Jornada Maya
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

Mérida, Yucatán
Martes 25 de septiembre, 2018

El gobierno de Rolando Zapata Bello transfirió más de 150 millones de pesos a 58 “empresas fantasma” para el estudio de enfermedades graves y el sector salud, reveló un reportaje de la autoría del periodista Francisco Ordóñez Contreras, publicado ayer por el medio [i]Animal Político[/i].

Las empresas, aunque constituidas legalmente, no operan en forma en sus domicilios fiscales, además de que varias de ellas coinciden en accionistas, fecha de constitución y en los notarios que las avalaron. Estas condiciones son similares a las que se han encontrado en otras redes de empresas fantasma que reciben recursos públicos, como en el caso de las irregularidades encontradas en la gestión de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz.

Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) catalogó a 16 de estas empresas como constituidas legalmente, pero que simulan las operaciones que facturan.

A estas irregularidades se suma que los recursos que recibieron no les fueron entregados bajo un esquema de competencias. En vez de eso, se les suministró el dinero a través de supuestos contratos adjudicados de forma directa, lo cual, viola los requisitos legales en el sentido de que supera el monto máximo de 735 mil 520 pesos para adjudicar contratos sin licitación, establecido en la ley estatal a través del Presupuesto de Egresos de Yucatán para 2015.

Conforme al artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán, las contrataciones de servicios en la entidad deben realizarse a través de licitaciones mediante una convocatoria pública. Esto no ocurrió en los contratos de los Servicios de Salud, como la misma dependencia reconoció.

La misma Ley de Adquisiciones establece que las únicas excepciones por las cuales se puede adjudicar un contrato sin licitación son las que establece la fracción III, en la que se establece como condición única para la adjudicación directa que sólo exista un proveedor que resulte “idóneo” para realizar el servicio, previa investigación de mercado. Las empresas de la presente investigación no entrarían en esta excepción porque, como se demostró, no están especializadas en el sector salud. Incluso, el giro empresarial de algunas de ellas es la construcción o el área digital.

Hay casos en los que se desconoce cómo se adjudicó el monto e incluso si se firmó un contrato.

[b]Inicio de la investigación[/b]

La investigación de [i]Animal Político[/i] comenzó a raíz de que el pasado mes de junio, Patricio Patrón Laviada, ex gobernador de Yucatán, denunció que los recursos de salud durante la gestión del actual gobernador habían terminado en una red de empresas fantasma. El gobierno estatal negó haber realizado los pagos.

Sin embargo, a partir de la fecha se reunió facturas y documentos que prueban que los recursos sí fueron transferidos a las empresas, que las mismas fueron contratadas directamente y no están especializadas en el sector salud, y algunas ya no operan o nunca operaron en sus direcciones fiscales.

La mayoría de los pagos fueron hechos entre marzo y noviembre de 2015. Además, muchos de ellos se realizaron en cortos períodos. 20 de esas transferencias se hicieron entre el 12 y 13 de marzo de ese año.

Igualmente, la mayoría de los pagos facturados superan el millón de pesos, violando el máximo establecido por el Presupuesto de Egresos mencionado anteriormente. Todo con cargo a Servicios de Salud de Yucatán.

Al solicitar a la dependencia información de estudios de mercado, análisis y criterios para la elección de las empresas, se negó la misma presuntamente porque los funcionarios responsables se encuentran en proceso de salida por el cambio de administración.

Las solicitudes de información se realizaron a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Yucatán, a las que se exigió proporcionar la justificación y documentos relativos de los pagos a estas 58 empresas.

Sin embargo, a la solicitud se respondió que no existían pagos a nombre dichas empresas. Después de otras dos solicitudes se reconoció: sí existían pagos a 23 compañías, en 2015, y todas eran resultado de adjudicación directa. No obstante la dependencia aún no reconoce los pagos a las 35 restantes.

Además, en las solicitudes realizadas recientemente, la Secretaría señaló que algunos documentos “se encuentran archivados en una oficina” y que el cambio de gobierno impide revelar los archivos.
Algunas de las empresas comprobadas como fantasma son:

Beco Peninsular S.A. de C.V., cuyo giro es servicios de pintura y construcción; Codimayo S.A. de C.V., dedicada a la compraventa de materiales y maquinaria de construcción, y Flager S.A. de C.V., especializada en recursos humanos y capacitación en materia fiscal.

Las demás compañías y su investigación respectiva, además de resultados de visitas a los domicilios fiscales, serán revelados en un segundo reportaje a publicarse mañana.