Óscar Rodríguez
Foto: Captura de pantalla
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Lunes 24 de septiembre, 2018

Luego de la detención de varios integrantes su familia, Miguel Ángel Argáez López, señalado como uno de los principales implicados en el presunto fraude en la caja de ahorros Crecicuentas, exigió mediante un video la liberación inmediata de sus consanguíneos, asegurando que éstos no formaron parte de la empresa ni tuvieron un cargo directivo en ella.

Como hemos informado, cuatro integrantes de la familia Argáez López fueron arrestados el pasado viernes, en cumplimiento de una orden de aprehensión, al ser señalados como parte de la empresa Crecicuentas, la cual desapareció en el 2012 junto con los ahorros de miles de personas.

“Hago este video para denunciar públicamente la detención arbitraria, con todo abuso de autoridad de mis familiares, llevada a cabo el viernes 21 de septiembre en Mérida Yucatán, esto derivado supuestamente de un proceso legal en contra de la empresa Crecicuentas lo cual, aclaro, mis familiares no han formado, ni forman parte de esta empresa, ni tampoco tuvieron cargo directivo de otra índole”, indica Miguel Ángel Argáez en el video.

Igualmente, indica que la Fiscalía General del Estado le propuso a sus familiares “su liberación inmediata a cambio de que yo me presentara para ser detenido, lo cual demuestra la falta de profesionalismo y su mala fe en la impartición de justicia en el estado.

“Exijo la inmediata liberación de mi padre, persona ya grande de 68 años, con un estado de salud complicado, así como de mi mamá, también con una edad considerable y con un estado de salud delicado. También pido la liberación de Claudia y Andrea, mis hermanas”, concluyó.

Cabe señalar que tras el cierre de Crecicuentas se han registrado varias movilizaciones, protagonizadas principalmente por personas de la tercera edad, de las que varias han muerto durante los seis años que ha durado el litigio en demanda de la devolución de sus ahorros.

Afectados por el cierre de la empresa han señalado repetidamente a Víctor Caballero Durán, quien se desempeñaba como secretario de Gobierno en 2012, cuando inició el proceso, como uno de los principales responsables. Sin embargo, hasta el momento no se ha demostrado judicialmente su participación.


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