Texto y foto: Juan Manuel Contreras
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 28 de agosto, 2018

Inconformes ante la designación de consejeros del Instituto de Acceso a la Información Pública (Inaip) y la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), activistas y miembros de organizaciones civiles dirigieron una carta al Congreso de Yucatán -presidido por Celia Rivas Rodríguez- para solicitar una explicación en torno a ciertas irregularidades en el proceso de selección.

En la misiva, los firmantes se dicen conscientes de la complejidad de los protocolos, sin embargo, advierten que el resultado deja serias dudas relativas a los criterios que fueron tomados en cuenta para escoger a las personas que pasarán a formar parte de los consejos consultivos de ambas instituciones.

Asimismo, señalan que el contexto actual del estado no solamente exige buenas intenciones en sus funcionarios, sino experiencia probada en materia de derechos humanos, así como trabajo honesto, transparente y congruente.

En rueda de prensa para a dar a conocer la postura de los organismos involucrados, Olga Moguel Pereyra cuestionó la evidente prisa del Congreso por otorgar cargos a personas que considera de “discutible trayectoria”.

A manera de ejemplo, la activista mencionó a Germán Rivas Coral y Doris Candila Echeverría, ambos nombrados consejeros del Inaip a finales del mes pasado a través de una votación secreta realizada por el Congreso del Estado.

“Uno de ellos ha sido sancionado por su actuación durante su período de gestión pública; y de hecho resultó inhabilitado durante tres años”, reza el documento en referencia a Rivas Coral, quien en noviembre del año pasado fue dado de baja del Iepac, en donde fungía como titular de la Unidad de lo Contencioso Electoral.

En el caso de la Codhey, destacan la urgencia de que sea integrada por gente comprometida con la defensa de la dignidad humana para hacer frente a los grandes retos de la entidad, como la situación que padecen las mujeres, la comunidad LGBTI+, el pueblo maya; entre otros.

En ese sentido, los quejosos manifestaron su preocupación por la selección de quien ocupará la presidencia de dicha dependencia durante la siguiente administración estatal.

“Vemos con inquietud que las personas seleccionadas en ambos organismos fueron electas de acuerdo a peculiar mayoriteo, quizá resultado de presiones de las organizaciones que las postularon, dando pie a que se incluya a quienes trabajan en dependencias públicas. Habría que recalcar que los Consejos Consultivos deben ser expresión de Participación Ciudadana”.

Por su parte, la investigadora Gina Villagómez Valdes lamentó que este problema se trate únicamente de la “punta del iceberg” de una descomposición institucional de mayores proporciones.

“La Codhey y el Inaip son simulaciones que nos cuestan dinero, pese a que seguramente hay gente muy comprometida laborando ahí”, sentenció; y exhortó a los organismos responsables a develar la situación que está detrás de los nombramientos.

Finalmente, los firmantes solicitan que el Congreso del Estado aclare por escrito los criterios utilizados para la designación de dichos cargos y exponga la trayectoria de los elegidos en favor de la transparencia y los derechos humanos de la sociedad yucateca.


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