Notimex
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Miércoles 8 de agosto, 2018
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró dos ejemplares de tigre de Bengala (Panthera tigris) que se encontraban en el rancho Santa María, ubicado en el municipio de Baca del estado de Yucatán, al no acreditarse su legal procedencia, entre otras irregularidades.
En un comunicado, la dependencia informó que en atención a un reporte policiaco y denuncias en medios sobre la posesión ilegal y ataque a una persona de tigres de Bengala en el municipio de Baca, inspectores acudieron el 7 de agosto a realizar una visita de inspección al Rancho Santa María.
En el lugar se encontraron los dos ejemplares de tigre de Bengala en confinamiento, sin embargo, al momento de la diligencia el inspeccionado no mostró la documentación federal para acreditar la legal procedencia de los felinos, así como tampoco se presentó el plan de manejo aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ni plan de contingencia.
Señaló que se trata de un macho y una hembra de tigre de bengala, en etapa adulta juvenil, de los cuales no se detectaron faltas al trato digno y respetuoso, sin embargo, al no presentar la documentación que acreditara la legal procedencia, con fundamento en los artículos 114 y 117 fracción I de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), se procedió a su aseguramiento precautorio.
Cabe señalar que los tigres son una especie exótica, que no se distribuye de manera natural en México, por lo que su manejo sólo puede llevarse a cabo en condiciones de confinamiento que garanticen la seguridad de la sociedad civil y trato digno y respetuoso hacia los ejemplares.
Los tigres de Bengala son una especie que se encuentra listada en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
El poseer ejemplares de vida silvestre sin demostrar su legal procedencia, así como el manejo de ejemplares de especies exóticas fuera de confinamiento controlado o sin respetar los términos del plan de manejo aprobado, son acciones que se sancionan de acuerdo a lo establecido en la LGVS con una multa que va de 50 a 50 mil Unidades de Medida y Actualización (Umas).
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