La Jornada Maya
Foto: Fernando Eloy

Mérida, Yucatán
Miércoles 8 de agosto, 2018

“El signo de la nueva colonización es el despojo y para lograrlo el Estado y las empresas privadas cuentan con instrumentos legales y políticos que les proporcionan las leyes e instituciones que ellos mismos han diseñado”. Eso afirma Francisco López Bárcenas, en su más reciente libro titulado [i]La tierra no se vende. Las tierras y los territorios de los pueblos indígenas en México”[/i]. Para evitar que gobierno y empresarios logren su objetivo, escribe él mismo, “los pueblos echan mano de todos los instrumentos a su alcance. Lo primero y más común es que se organicen y movilicen sus propios recursos: aprueban declaraciones en defensa de sus territorios y contra los megaproyectos que los violentan. También hacen uso de las leyes: inician juicios agrarios y de amparo; los primeros para anular contratos de arrendamiento por leoninos o por el incumplimiento de algunas de las cláusulas en ellos contenidos; los segundos por violaciones a sus derechos, como la falta de consulta previa, libre e informada, antes de otorgar concesiones para explotar los recursos naturales existentes en sus territorios o permisos para la realización de diversos tipos de obras”.

En su obra López Bárcenas realza una interpretación de las normas del sistema jurídico mexicano, desde una postura crítica y una metodología descolonizadora, con el objetivo de, hasta donde sea posible, convertirlas en instrumento al servicio de los pueblos en defensa de sus derechos. “A pesar de las reformas privatizadoras de 1992, que rompieron el pacto social emergido de la revolución de 1917 –dice- en gran parte del territorio nacional la tierra sigue siendo propiedad ejidal y comunal, y ejidatarios y comuneros siguen teniendo el control de ella.”. A ello agrega el derecho internacional que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a su territorio y una reforma a la Constitución Federal del año 2011 se introdujeron disposiciones importantes, como la que expresa que los tratados sobre derechos humanos de los que México sea parte tienen el mismo rango que las disposiciones constitucionales, que la interpretación de las leyes debe ser conforme a las disposiciones constitucionales y dichos tratados, siempre favoreciendo a la persona, y la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar esos derechos, entre otras.

Esta es la legislación que en el libro se analiza.

Aunque López Bárcenas centra su obra en las leyes y tratados internacionales que regulan los territorios indígenas o tienen relación con ella, es consciente que solo son un instrumento para la defensa de los territorios y que lo importante es que la gente se organice y lucha. “En la lucha por la defensa de las tierras de los campesinos y los territorios de los pueblos indígenas son estos, con sus formas de organización, la movilización que realicen, las alianzas que tejan y sobre todo, los objetivos que se propongan, quienes tienen la última palabra. El derecho puede ser un instrumento más para potenciarla y sus operadores unos aliados. Pero no pueden sustituirlos. Para entender el funcionamiento de este importante instrumento se ha escrito el presente texto”, afirma.

El libro se presentará el próximo día 10 de agosto a las seis de la tarde en el Aula 1 del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México. No se lo pierdan.


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