Vecinos enfrentan con piedras a granadas lacrimógenas

“La gente no dejaba que nos saquen y los policías tiraron gas”, en Chablekal

Paul Antoine Matos
Foto: Randy Soberanis Dzul
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 4 de mayo, 2016

En la comisaría de Chablekal, al norte de Mérida, los ciudadanos se enfrentaron ayer con piedras, botellas y sandías contra un escudo de policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, quienes usaron granadas lacrimógenas y macanas. Tras el choque se detuvo a cuatro personas: Pedro Euán Flores, de 36 años, Pedro Antonio Euán Santana, de 55, un menor de edad y un empleado de la panadería de nombre Javier, de quien no se pudieron averiguar sus apellidos.

El motivo del enfrentamiento fue el frustrado desalojo del predio 104 de la calle 21, en el centro de la población.

“A mí me encañonaron. En mis brazos protegía a mi hija de tres años”, declaró angustiada Rita Salia Padrón Poot al narrar cómo los policías de la SSP entraron a su hogar.

La casa que la SSP intentó desalojar es austera, aunque con un gran terreno. En el interior, Salvador Euán Chí, quien ha vivido sus 94 años allí, se sienta en una silla de ruedas. Su playera blanca es un recuerdo de la campaña para la gubernatura de Rolando Zapata Bello. El nonagenario se lleva las manos a la frente, frustrado, triste.

Según María Magdalena Euán, nieta de don Salvador y a cargo de su cuidado, el conflicto por el predio inicia con José Antonio Chalé Euán, uno de los sobrinos de don Salvador. “Dizque es herencia de su mamá, que porque hizo un testamento y lo hizo valer él”.

Señaló que no existe documento que respalde a Chalé Euán. La casa estaría intestada. “Yo desde que nací, hace 38 años, vivo ahí”, mencionó.

Afirmó que Chalé Euán vendió el predio a un comerciante llamado Román Zapata Brito. Aceptó que los actuarios del gobierno estatal que acudieron contaban con la orden de desalojo y sí fue presentada. “Dicen que es de ley, que porque ya está firmado por el gobernador. Está sellada. Después de presentar los papeles, comenzaron a sacar las cosas. La gente no dejaba que nos saquen, los policías empezaron a tirar gas y la gente piedras”, indicó.

De acuerdo con la agrupación civil Indignación, sería la segunda ocasión que Zapata Brito intenta el desalojo de Salvador Euán y su parentela.

El jefe del Departamento Jurídico de la SSP, Guillermo Alberto Cupul Ramírez, indicó que la parte actuarial pidió la suspensión provisional. En un principio, se presentó a la comisaría para entablar una plática con la parte demandada, en la que se incluyó a los abogados. “Se les expresó que nuestra participación obedece a una solicitud de un juez civil”, mencionó.

“Entiendo que la inquietud de la parte demandada era porque su abogado les había dicho que estaba suspendida, pero no hay amparo en contra”, apuntó.

Rocas contra Escudo

¿Quién tiró la primera piedra? ¿Quién tiró la primera granada de lacrimógeno? Las versiones de los testigos se enfrentan. Magdalena Euán expresó que, al notar el desalojo, los vecinos acudieron para mostrar su apoyo.

Martha Capetillo Pasos, miembro de Indignación, señaló que la fuerza pública ingresó a la iglesia “con sus escudos, para impedir que sonaran la campana. Entraron con escudos pero la gente los repelió”.

Afirmó que “cuando sucedió eso, la gente comenzó a lanzar piedras, botellas; entonces la policía lanzó gas lacrimógeno”. Magdalena Euán aseguró que “los policías tiraron el gas para que la gente se vaya”.

Al ser cuestionado sobre por qué se utilizó gas lacrimógeno, el representante jurídico de la SSP se negó a responder, a pesar de habérsele hecho la pregunta en varias ocasiones. Lo que sí dijo fue que elementos policíacos y actuarios fueron lesionados en la cabeza, tras ser agredidos a pedradas.

Sin orden de cateo, la policía estatal ingresó al domicilio de Wilberth de Asís Euán Santana, donde funciona una panadería. Ahí acudieron unas 15 personas, en su mayoría mujeres y niños, buscando resguardarse del enfrentamiento. De acuerdo con Euán Santana, “los policías entraron a la fuerza, rompieron el candado de la reja, botaron la puerta, rompieron jarrones y saquearon todo, sin mostrar ningún documento; nada de nada”.

Los policías, más de 40 según relata Euán Santana, entraron sin motivo. “Me siento asustado, impotente porque le pegaron a mi familia, a la gente”, señaló.

El gas lacrimógeno fue arrojado a dos casas distintas, tanto en el interior como en los patios. Los casquillos de las granadas aún estaban en el piso, sus marcas oscuras quedaron en la tierra.

De acuerdo con Rita Salia Padrón Poot, los elementos de la SSP “agarraron dinero de la panadería, sólo los policías entraron allí y desapareció el dinero. Los muebles de la sala quedaron volteados, de cabeza. Llegaron hasta la cocina. A mi suegra la pegaron los policías”.

Indicó que su esposo y suegro fueron detenidos, por lo que entró el menor de edad para defenderlo y también fue capturado.

“Terrible. Terrible. ¿Qué futuro tienen nuestros hijos con estas autoridades que supuestamente nos cuidan y resguardan nuestra protección? ¿A quién le pedíamos ayuda? ¿A la policía? Si ellos eran los que se los estaban llevando”, lamentó.

Indignación

Además de los cuatro detenidos, la policía retuvo a dos integrantes de la asociación civil Indignación: Martha Capetillo Pasos, encargada de comunicación, y el abogado Jorge Fernández Mendiburu, quienes fueron liberados más tarde. Capetillo Pasos indicó que acudieron para documentar los hechos y su presencia sólo era como meros observadores.

Ambos activistas estuvieron un par de horas en una camioneta policial, esposados, a un lado de otro vehículo donde se encontraban cuatro vecinos detenidos. Capetillo Pasos afirmó que le los policías le amenazaron, al decirle que “ahora sí te van a partir la madre”. Sarcástico, Fernández Mendiburu declaró que “así se inaugura el Escudo Yucatán”.

Tras una plática discreta, que La Jornada Maya escuchó, entre el director jurídico de la SSP y José Gustavo Arjona Canto, visitador general de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), ambos llegaron a un acuerdo para liberar a los miembros de Indignación. El representante de la Codhey convenció a Cupul Ramírez de la pertinencia de la liberación, porque la asociación civil grabó videos y tomó fotografías, lo cual sería un problema, por tanto la orden era dejarlos libres.

El director jurídico de la SSP señaló que no podrían liberar a los otros cuatro detenidos, porque el actuario y los elementos agredidos habían interpuesto una denuncia.

Secuelas

El desalojo no se realizó, pero quedaron secuelas: cuatro habitantes de Chablekal detenidos; en la panadería, la sustracción de 60 mil pesos y diversos productos, aunque hasta el momento no se había levantado denuncia de estos hechos.

María Ahil, entre sollozos lamentó lo sucedido y aseguró: “Cuando necesita el apoyo el PRI, ellos nos piden corriendo los votos. Acá se acabó todo esto”.