Carlos Águila Arreola
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Lunes 25 de febrero, 2019

Algunos líderes ejidales que han impedido la apertura de la zona arqueológica de Ichkabal por un conflicto de tierras, entregaron un documento al presidente Andrés Manuel López Obrador en el que solicitan que se les integre y se aplique la misma fórmula que al Tren Maya: participar en el proyecto como socios.

Luis Chimal Balam, comisario ejidal de Bacalar, informó que la solicitud se entregó el domingo 24 de febrero, al término de la ceremonia del Día de la Bandera en Chetumal, y que en la misiva se solicita abrir las ruinas después de que no han podido llegar a un acuerdo ni con el gobierno del estado ni con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La propuesta que se le hace al Ejecutivo federal no es sólo la apertura del sitio y el aprovechamiento turístico, sino que el gobierno desista de expropiar terrenos ejidales, y que se integre a los ejidatarios como socios del desarrollo una vez que Ichkabal abra al público y se convierta en el principal atractivo turístico del sur de Quintana Roo.

“La propuesta del INAH es pagar 400 mil pesos por cada una de las 121 hectáreas que abarcan la zona arqueológica y el área circundante, donde se abrirían los caminos de acceso y se instalaría la señalética y demás infraestructura para habilitar turísticamente los vestigios arqueológicos mayas.”

No obstante, los 165 miembros del ejido han decidido que no quieren deshacerse de sus tierras, sino que se les integre en el proyecto como beneficiarios, ya sea por medio de rentas o algún otro mecanismo que les permita formar parte del auge turístico que las propias autoridades han adelantado que habría en la zona.

Cuando inició la administración de Carlos Joaquín, la Secretaría estatal de Turismo (Sedetur) anunció el rescate de la zona arqueológica de Ichkabal, lo que detonaría inversiones hoteleras e inmobiliarias del alrededor de mil millones de dólares durante los próximos 15 años. Chimal Balam recordó que las negociaciones partieron de una propuesta de un millón de pesos por hectárea, cantidad que poco a poco se han ido recortando hasta los 400 mil pesos, lo que consideran “inaceptable”.

En diciembre pasado, la hoy ex delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia, (INAH) en Quintana Roo, Adriana Velázquez Morlet, declaró que había un empantanamiento en las negociaciones con el ejido de Bacalar, por lo que la apertura del sitio se mantenía detenido y sin poder precisar una fecha de apertura. Aclaró que no se trata de un capricho del gobierno estatal o la dependencia federal, sino que “la normatividad vigente del INAH no prevé ningún esquema de asociación como el que piden los ejidatarios, por lo que legalmente es inviable”.

La zona arqueológica de Ichkabal, llamada el Egipto de Mesoamérica, es la gran apuesta del gobierno de Quintana Roo para detonar turísticamente el sur, pues se trata de uno de los atractivos conocidos como de jerarquía 1 dentro de la nomenclatura del INAH, capaces de generar la llegada de miles de visitantes.


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