Vinculan a proceso a Borge Angulo

Texto y foto: Joana Maldonado
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Martes 14 de mayo, 2019

"Hoy es un día histórico para Quintana Roo”, señaló el ex gobernador Roberto Borge Angulo luego de una audiencia que se extendió hasta las cuatro de la mañana en la que el Juez de Control, Daniel Farah Godoy determinó vincularlo a proceso por el delito de Aprovechamiento Ilícito de Poder en perjuicio de la empresa paraestatal Vip Saesa por un perjuicio de 319 millones 941 mil 164 pesos y 40 millones 192 mil dólares por subcontratación simulada a empresas de transporte aéreo.

Antes de concluir la audiencia, el ex gobernador señaló que se puso a disposición de las autoridades porque las acusaciones que se hacen son falsas y se dijo inocente de los cargos que se le imputan, ya que “nunca atenté contra el pueblo de Quintana Roo".

Borge Angulo, vestido con un traje azul petróleo sostuvo que cuando el Poder Judicial se vuelve una tentación del poder político solo queda la honorabilidad y ética de las instituciones.

El Juez de Control, Daniel Farah Godoy determinó después de dos años y dos meses de investigación complementaria que finalizan el 15 de Julio del 2019.

La defensa de Roberto Borge encabezada por Guillermo Barradas Cendón advirtió que promoverá un amparo ante la instancia federal ya que consideró que los elementos aportados al Juez “fueron como palabras al aire porque pareciera que se habla a la pared y no a un órgano jurisdiccional”.

Los abogados mantuvieron el argumento de la prescripción del delito y las determinaciones judiciales que han amparado a otros ex funcionarios de la administración borgista que estaban involucrados en la carpeta administrativa 151/2017 además de asegurar que no se pudo comprobar la acusación de Carlos Acosta y Félix Zetina, quienes afirmaron haber sido obligados a participar de los negocios jurídicos con la empresa Aerotaxi Villarica.

La Fiscalía basó sus acusaciones en irregularidades que ocurrieron en las Asambleas del Consejo Directivo de Vip Saesa durante el 5 de abril de 2011 y 6 de diciembre de 2013, que según la defensa no se actualizó la figura de prescripción de la acción penal, por lo que en su caso, habría vencido desde el 5 de abril de 2017 y fue hasta ese año en el que se judicializó.

La defensa argumentó también que la vinculación a proceso representa una violación flagrante al principio de especialidad que integra el tratado de extradición entre México y Panamá y en donde se establece que no se puede condenar a ninguna persona por hechos distintos en los que se solicitó la extradición.

Sin embargo los Fiscales de Combate a la corrupción, después de 16 horas de audiencia con varios recesos obligados por fallas técnicas en el equipo audiovisual, mantuvieron el argumento de que los dos ex funcionarios en calidad de testigos fueron obligados a participar de los negocios jurídicos que reportaron beneficios económicos para la empresa de origen veracruzana.

Los fiscales de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción aseguraron que los hechos no fueron cambiados sino ajustados conforme declaraban los testigos.