Lilia Balam
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Miércoles 5 de junio, 2019
Durante el 2018, el Poder Judicial del Estado otorgó 179 órdenes de protección a mujeres y personas víctimas de violencia. La cifra es menor a la del 2017, cuando se concedieron 369 órdenes por esa situación.
Al rendir su primer informe anual, el presidente del Poder Judicial, Ricardo Ávila Heredia, comunicó que jueces de control, oralidad familiar y mixtos de Yucatán otorgaron 179 órdenes de protección de emergencia. Nueve medidas fueron negadas por no reunir los requisitos que estipulan las normas. En el 2018 se registraron mil 83 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres en centros de salud públicos, según el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
De acuerdo al funcionario, la mayoría de los recursos fueron concedidos en la jurisdicción de Mérida y Kanasín, por lo que Ávila Heredia urgió al estado a “implementar políticas públicas para abatir las conductas que conllevan a tener ese indicador de violencia familiar en la zona”.
La cantidad de órdenes de protección otorgadas el año pasado es inferior a la del 2017, cuando fueron concedidas 369 órdenes, de las cuales 166 fueron cautelares, 193 de emergencia y 10 definitivas. Cabe mencionar que datos del Boletín Epidemiológico estipulan que durante ese año mil 543 mujeres fueron atendidas en centros de salud públicos por casos de violencia intrafamiliar.
De acuerdo al portal del Consejo de la Judicatura de Yucatán, en lo que va del 2019 ya fueron otorgadas 60 órdenes de protección a víctimas de violencia. Hasta ahora se han reportado 472 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres de acuerdo al mencionado Boletín.
Por otro lado, en el informe se señaló que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios recibió 942 demandas por despidos a empleados de ayuntamientos y dependencias estatales, la mayoría fueron interpuestas a partir de septiembre, ante el cambio de administración. Actualmente 219 juicios siguen en trámite, se emitieron 117 laudos y se acordaron mil 728 finiquitos a trabajadores.
En entrevista posterior, el magistrado presidente del mencionado Tribunal, César Antuña Aguilar, indicó que el 60 por ciento de las más de 900 denuncias fueron entabladas por trabajadores de dependencias estatales, mientras que el 40 por ciento restante fueron por parte de empleados de ayuntamientos. La mayoría de los demandantes solicitan el pago de indemnización y de salarios caídos. El recurso que solicitan los más de 900 quejosos ascendería a los 500 millones de pesos.
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