Abraham Bote
Foto: Google earth
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Jueves 4 de julio, 2019

A ocho años de la golpiza que sufrieron ciudadanos, estudiantes y activistas, por parte del gobierno municipal encabezado por la priísta Angélica Araujo, por haberse opuesto a la construcción del "Paso Deprimido", no hay justicia. Y aún queda camino para que los gobiernos escuchen a los ciudadanos y no impongan obras; caso evidente es el Gran Museo del Mundo Maya, manifestó David Sosa Solís, representante del Colectivo 4 de Julio.

El activista reflexionó que, a ocho años del 4 de julio de 2011, se ha avanzado mucho en términos de concientización en la sociedad civil. Sin embargo, los gobiernos han sido poco sensibles en ser más transparentes y democráticos en la toma de decisiones.

Para el arquitecto, luego de esa fecha lamentable ha habido proyectos que también han sido impuestos, principalmente durante el gobierno de la ex gobernadora Ivonne Ortega, como el Museo Maya; pero los demás gobiernos han demostrado las mismas actitudes. "Cada vez que exista un proyecto de una afectación trascendental para la ciudad o el estado, tendría que haber cierto proceso democrático de consulta, de concientización, de socialización de dicho proyecto", afirmó.

Hasta el momento, precisó, no se ha establecido el mecanismo adecuado para que exista un proceso de consulta, todavía no se toma en cuenta como debería, la opinión de la sociedad civil para estos proyectos, indicó.

No obstante, destacó, “en la medida en que nosotros como sociedad, ciudadanos, nos organicemos y exijamos al gobierno que transparente sus decisiones y que nos involucre en la toma de decisiones, éstas tendrán una legitimación mucho mayor”.

[b]Sin justicia[/b]

Por otro lado, opinó que nunca hubo justicia, nadie tuvo una consecuencia por actos de violencia ejercidos ese día, ni una consecuencia legal, aunque sí hubo consecuencias políticas.


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