Fernando Camacho Servín
La Jornada Maya
Ciudad de México
Viernes 29 de noviembre, 2019
Desde finales de 2012, un número indeterminado de habitantes de las comunidades guerrerenses de Hacienda de Dolores y La Laguna que podrían llegar a miles viven desplazados de sus hogares, luego de que grupos armados los obligaran a irse, para poder controlar un territorio abundante en riquezas naturales.
En conferencia de prensa, las víctimas de desplazamiento forzado interno, acompañados por integrantes de la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), señalaron que uno de los crímenes que motivaron el éxodo de los pobladores fue el asesinato de la dirigente social Juventina Villa Mojica, quien fue asesinada hace justamente nueve años, por lo que solicitaron la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Leonor Ochoa, sobrina de Villa, narró cómo su familiar tomó la estafeta de la lucha en defensa de los bosques del municipio de Coyuca de Catalán de las manos de su esposo Rubén Santana Alonso, quien fue asesinado en noviembre de 2010.
Aunque los grupos delincuenciales le habían advertido que podría correr la misma suerte que su marido, la lideresa social continuó exigiendo justicia por la serie de asesinatos en contra de los habitantes que defendían los bosques y el territorio, hasta que el 28 de noviembre de 2012 fue privada de la vida, junto con uno de sus hijos, por un grupo de hombres armados.
Lo anterior ocurrió, dijo Ochoa, a pesar de que Juventina Villa ya contaba con medidas cautelares por parte del gobierno del estado de Guerrero, con el cual además ya había acordado que se reubicaría a varios de los habitantes de La Laguna y Hacienda de Dolores, sin que se nunca concretaran los ofrecimientos de ayuda.
A partir de ese momento, cientos o quizá miles de los pobladores de ambas localidades se vieron obligados a salir de sus casas rumbo al municipio de Ayutla de Los Libres, en la región de la Costa Chica de Guerrero, donde hasta la fecha viven en condiciones de gran precariedad, sin poder trabajar sus tierras ni acceder a sus derechos más elementales.
Por todo ello, las personas desplazadas dieron a conocer una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que le exponen su caso y le solicitan su ayuda para poder regresar a sus comunidades y retomar su proyecto de vida.
“Sabemos que su corazón vibraría con nuestro dolor, si usted lo conociera. Es por esto que le pedimos que atienda el caso de La Laguna y Hacienda de Dolores, así como otros casos de desplazamiento forzado en Guerrero y en el país. Acudimos a usted para trabajar juntos por nuestra causa”, indicaron en la misiva.
Por su parte, la abogada María Elena Hernández, integrante de la AMAP, indicó que en muchas ocasiones los organismos internacionales no tienen elementos para iniciar procesos de ayuda a las víctimas de desplazamiento forzado interno, como sucede en el caso de México, pues los gobiernos de los países niegan la propia existencia del fenómeno e “invisibilizan” a quienes lo padecen.
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