Cancelar cobro de impuesto, "fatal" para seguridad en Yucatán: empresarios

Temen que aumente la delincuencia

Abraham Bote
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 15 de enero, 2020

De acuerdo con cámaras empresariales, la cancelación del impuesto que el gobierno de Yucatán pretendía cobrar por medio de los recibos federales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ocasionaría que la autoridad estatal se apriete más el cinturón, asimismo les preocupa que se deje abierta la puerta a la inseguridad, por lo que apelan a que no se vaya a dejar de atender el tema de seguridad e inversión tecnológica.

"Lo que sí no puede suceder es que se invierta o atienda menos el tema de la seguridad, porque sino sería fatal que dejemos la puerta abierta para que se meta la inseguridad a nuestro estado"; subrayó Michel Salum Francis, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Mérida.

El gobernador Mauricio Vila Dosal, de extracción panista, anunció este 15 de enero la cancelación del impuesto local conocido como “Derecho por Infraestructura Tecnológica en Materia de Seguridad Pública”, que se pretendía cobrar por medio de los recibos federales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero la empresa no accedió pues la paraestatal consideró inviable el cobro de gravamen en los recibos de luz, aunque el ejecutivo local sí pretendía cobrar este impuesto.

Cabe recordar que se han generado diversas movilizaciones ciudadanas y de agrupaciones civiles en protesta por el cobro de varios impuestos, y la noticia del retiro de éste generó contento en gran parte de la ciudadanía, pues representaba un golpe a su economía, sin embargo causó preocupación en la clase empresarial.

De acuerdo con el líder empresarial, no se debe permitir que se deje de atender e invertir en seguridad, pues sería lamentable para la entidad, ya que estados vecinos que ya pasan por problemas de inseguridad, "estoy seguro que quisieran pagar lo del recibo de luz y 10 veces más si es necesario con tal de recuperar lo que ellos perdieron". "Lo único que pedimos y a lo que apelamos es que realmente no se vaya a dejar de atender el tema de la seguridad y la inversión, va a tener que hacer un esfuerzo importante el gobierno, apretarse más el cinturón, no subirle sueldos a empleados y ver de qué manera conseguir esos recurso", recalcó.

Entonces, si la Federación no autorizó este cobro, indicó que se va a presionar para que mande más recursos y así conservar lo que hoy se tiene en materia de seguridad.

Si bien, la gente está feliz porque no van a pagar más, pero lo que no podemos dejar de atender es mantener la seguridad en Yucatán, insistió Salum Francis.

Cuestionado sobre el mismo tema, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Yucatán, Raúl Aguilar Baqueiro indicó que tomando como referencia que el año 2019 fue el año más violento en la historia de nuestro país (según datos emitidos por el mismo gobierno federal) garantizar la seguridad de los habitantes del estado es un tema que no puede ni debe considerarse menor.

La información que se nos proporcionó al interior de las mesas de trabajo del Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, agregó, nos permitió dimensionar el complicado panorama presupuestal del estado para el año 2020 y también identificar la preocupante reducción de recursos federales en diversos rubros, particularmente en lo referido a los programas de fortalecimiento a los cuerpos de seguridad locales, que, en los hechos, son los que atienden más de un 85 por ciento de los delitos que se cometen todos los días.

“Es por eso, por lo que decidimos de manera responsable, desde el sector empresarial acompañar las iniciativas del ejecutivo que buscan fortalecer la capacidad de la Secretaría de Seguridad Pública para proteger a los ciudadanos y a las empresas de nuestra entidad”, subrayó el también líder de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Yucatán.

Asimismo, coincidió con la opinión del gobernador de que iniciar una controversia jurídica respecto al cobro del derecho a la seguridad con el gobierno federal es un ejercicio estéril.

“Le pedimos al gobierno del estado que siga buscando estrategias y opciones de eficiencia administrativa y recaudatoria a fin de tener herramientas para no descuidar la seguridad de las familias yucatecas”, puntualizó, pero hizo énfasis en que los ajustes no deben de orientarse hacia los montos destinados a inversión pública e infraestructura, porque estamos convencidos que esos dos pilares, seguridad e inversión, son el único camino que tenemos como sociedad para lograr el desarrollo y generar oportunidades de empleo y bienestar para los habitantes de nuestro estado.

Por su parte, Alejandra Pacheco Montero, líder de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) opinó que siempre que sea en beneficio de todos los yucatecos estaremos de acuerdo, sin embargo manifestó que no se debe perder en vista que la intención de este impuesto era por una tema de seguridad. "Si se tomó esta medida, hay que considerar no escatimar en esfuerzos necesarios hace el tema de seguridad, pues hemos visto que han llegado varias inversiones por eso", expresó.

Por lo tanto, hay que mantener esa paz y seguridad, pues si lo perdemos "nos va acostar todavía mucho más caro", advirtió. Entonces, es necesario que nunca se deje de invertir en tecnología para reforzar las medidas de seguridad.

A su vez, la líder empresarial dijo que valdría la pena cuál sería el plan b en este caso para poder determinar si esta decisión puede mermar la seguridad en Yucatán y dejar de ser ese oasis de paz de todo el país.

Por otro lado, expuso si bien a nadie le gusta pagar más impuestos, la recaudación ha disminuido por el tema de la informalidad, por lo que hay que dar soluciones en este tema, que haya una estrategia más eficiente para combatirla.