Graciela H. Ortiz
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Lunes 20 de enero, 2020
El Tribunal Constitucional del Estado de Yucatán resolvió desechar, con siete votos en contra y cuatro a favor, una acción por omisión legislativa en contra del Congreso del estado, promovida por cuatro personas que fundamentaron su queja en que los diputados locales no han legislado debidamente en materia de familia, dejando desprotegidas a las personas que viven en concubinato y matrimonio del mismo sexo.
La decisión fue sustentada en que no se trata de la vía jurídica adecuada, por no existir un mandato expreso en ese sentido, y en caso contrario sería invadir la competencia del Congreso del Estado, que es el órgano facultado para emitir o modificar leyes.
Los magistrados coincidieron en que, efectivamente, existe una laguna que deja desprotegidas a las personas señaladas, pero de acuerdo a la ley vigente no se puede utilizar la vía de omisión legislativa porque requiere de un mandato constitucional, debido a que la legislación en materia de familia ya está hecha y se expresa a través del Código de Familia para el Estado de Yucatán.
Algo similar ocurrió en una sentencia del Tribunal el 2 de marzo de 2015, cuando ante el mismo pedido de una asociación civil, el Tribunal también desechó la queja.
De conformidad con el artículo cuarto de la Ley de Justicia Constitucional de Yucatán, el Tribunal Superior de Justicia se erige en órgano de jurisdicción constitucional para resolver sobre los mecanismos de control constitucional, entre ellos la acción contra la omisión legislativa.
Acorde con dicha ley, la acción contra la omisión legislativa o normativa es un procedimiento que tiene por objeto restaurar la regularidad constitucional violentada cuando el Congreso del estado, el gobernador o los Ayuntamientos no expidan alguna disposición de carácter general a que estén obligados por mandato expreso de la Constitución local o de las leyes, siempre que en este último caso la omisión afecte el debido cumplimiento de la Constitución local o impida la eficacia de la misma.
Como se recordará, a fines de noviembre de 2019 la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso local recibió el análisis del Tribunal Superior de Justicia, a través de su presidente Ricardo Ávila Heredia, de 13 propuestas para modificar el Código de Familia del Estado, que el Legislativo analizará individualmente.
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