Hubert Carrera Palí
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Candelaria, Campeche
Miércoles 26 de abril, 2017

“Quien quebrante el Estado de derecho tiene que ser castigado por los órganos correspondientes, sin ningún tipo de excepción”, sentenció Ricardo Chávez Pérez, delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Campeche, cuestionado sobre las acusaciones que pesan contra personal de la División Nacional de Gendarmería y la detención de dos elementos de esta corporación, hecha el martes pasado por habitantes del ejido Benito Juárez, por presuntos actos de corrupción.

Chávez Pérez aseguró que ya se abrió un proceso en contra de estos elementos y también se investiga un accidente de tránsito en el que se vio involucrado otro, en el cual perdió la vida una persona.

Según lo expresado por habitantes de Benito Juárez, ya estaban hartos y cansados de tanto hostigamiento por parte de los elementos de la Gendarmería Nacional, a quienes ya se les había hecho costumbre pedir hasta 50 mil pesos a quienes transitaban con camiones cargados de madera y carbón o por la liberación del vehículo, pese a traer sus documentos en orden.

Fue por ello que este pasado martes la comunidad se organizó, detuvo y desarmó a dos gendarmes para inmediatamente esposarlos y soltarlos tras un acuerdo con las autoridades estatales.

Los hechos se suscitaron antier por la mañana, cuando los gendarmes llegaron a esa comunidad a fin de interceptar un camión que sería cargado con carbón.

Varios vecinos acudieron al sitio donde estaban los policías federales, debido a que la semana pasada aseguraron un camión, luego de que el chofer se negó a entregarles 50 mil pesos que le pedían los gendarmes.

Ya con este antecedente, los pobladores decidieron que no se llevarían el tráiler. Hubo una trifulca entre ciudadanos y policías, quienes realizaron un disparo al aire; finalmente dos agentes fueron sometidos y desarmados, para luego ser esposados. A pesar de que los elementos policiacos estaban bañados en llanto por el temor de que les pasara algo, no fueron liberados, cuenta Onésimo Mariel Cruz, habitante de la comunidad.

Además, respaldados por Alejandro López Osorio, comisario municipal del ejido, exigieron la presencia de autoridades estatales, para exigir nuevamente que paren los abusos de la Gendarmería.

Horas más tarde arribaron 100 elementos de la Gendarmería con equipo antimotines, quienes cercaron los accesos al poblado, incluso prohibieron el acceso a reporteros de diferentes medios de comunicación.

Fue gracias a personal de la Subsecretaría de Gobierno de la Zona Sur que se llegó a un acuerdo para dejar en libertad a los agentes y los camiones decomisados en días anteriores, los cuales estaban resguardados en el Centro Operativo de Áreas Naturales Protegidas [i]Balam Kú[/i]–[i]Balam Kin[/i].


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