Hubert Carrera Palí
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya
San Francisco de Campeche
Miércoles 19 de abril, 2017
La trasnacional Monsanto ha afectado el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, en un afán de contar con un medio ambiente sano, alimentación y salud de calidad. “Se ha involucrado en prácticas que tienen impactos ambientales graves y negativos, los cuales han afectado a innumerables personas y comunidades en muchos países”, determinó el Tribunal Internacional Monsanto (TIM), de acuerdo a información vertida por María Colín, asesora legal de Greenpeace y Ma OGM.
Greenpeace añadió que en sus recomendaciones, el TIM hace hincapié en las actividades de la trasnacional que derivan en la violación de derechos de los pueblos indígenas, como ocurre con las comunidades mayas de México.
“Los impactos de la conducta de Monsanto sobre la biodiversidad también han afectado negativamente los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Estos impactos son aún más graves dada la estrecha dependencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales con el medio ambiente”.
La ausencia de información adecuada sobre los riesgos que plantean los herbicidas y los organismos genéticamente modificados, la falta de medidas adecuadas de mitigación, de evaluaciones de impacto ambiental creíbles y la de consultas significativas, subrayan la interferencia de Monsanto en los derechos humanos”, detalla Greenpeace.
Las conclusiones reflejan el malestar de pueblos indígenas como el de Angélica Ek y Feliciano Ucán, integrantes de las comunidades mayas del municipio de Hopelchén, Campeche, quienes asistieron a La Haya en octubre pasado para describir al TIM las afectaciones de Monsanto a sus entornos, comunidades y actividades productivas, como la muerte de abejas productoras de miel, daños en flora y fauna, contaminación de agua con glifosato y pérdida de masa forestal provocada para ampliar la frontera agrícola para monocultivos.
“Los impactos sobre las abejas y los polinizadores por el uso de plaguicidas socavan aún más la biodiversidad”, señaló Jorge Pech, apicultor maya de Hopelchén.
En 2012, integrantes de comunidades mayas de varios municipios de Campeche y Yucatán presentaron diversos amparos en contra del permiso que el gobierno mexicano dio a Monsanto para la siembra comercial de soya transgénica, resistente al herbicida glifosato. En noviembre de 2015, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó suspender el permiso a la empresa, dado que las comunidades mayas no habían sido previamente consultadas.
Los expertos provenientes de cinco continentes, reunidos en La Haya, Países Bajos, destacaron la producción y comercialización de Roundup, el herbicida más usado del mundo, y “otros productos químicos peligrosos” que usan como ingrediente activo al glifosato, a pesar de que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha concluido que el glifosato es probablemente carcinogénico en humanos, señaló Ma OGM.
Diversas organizaciones sociales nacionales han hecho eco de las opiniones vertidas por el TIM. La opinión legal de los jueces constituye una valiosa aportación para que las víctimas de los productos y actividades de Monsanto en distintas partes del mundo puedan traer tales argumentos y conclusiones como material de prueba y alegatos en los procedimientos que se hayan presentado o pretendan presentarse en el ámbito nacional, señaló Colín.
Las corporaciones como Monsanto deben ser más responsables por sus impactos al ambiente y a la salud de las personas, mientras que los gobiernos deben defender y proteger los derechos humanos, actuando en favor de la defensa de los pueblos y comunidades indígenas en lugar de apoyar los intereses de las empresas ya que nos exponen a la pérdida de nuestro patrimonio biocultural, explicó Leydi Pech, integrante del Colectivo de Comunidades de los Chenes.
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