Aún y cuando terminen de construir la Ciudad Administrativa, la obra no tiene ni el permiso de urbanización, por lo que no tendría manera de que cuente con agua potable, energía eléctrica y otros servicios públicos de los que el Ayuntamiento de Campeche debería tener conocimiento, explicó José Luis Llovera Abreu, director de Obras Públicas de la comuna campechana, y afirmó que por tercera ocasión han solicitado al gobierno del estado cumplir con dichas regulaciones antes de finalizar el inmueble.
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Destacó que el permiso de urbanización es tramitado previo a un permiso de construcción, ya que dicho documento que también expide el Ayuntamiento, autoriza que le puedan agregar tomas de energía eléctrica, de agua potable, entre otras obras complementarias para beneficio y aprovechamiento de quienes laborarán en espacios gubernamentales.
El funcionario municipal dijo desconocer en específico todo el tema, pero aseguró que para cualquier obra, incluyendo las del municipio, es el mismo protocolo de permisos, “nadie puede o no deberían iniciar la construcción de cualquier inmueble si no tienen las licencias necesarias, incluso un ciudadano para cualquier modificación a sus casas tienen que sacar un permiso de construcción, ¿por qué el gobierno del estado saltaría este paso?”, precisó.
También recalcó que así como esta obra, hay otras que no tuvieron los permisos requeridos, y cuando el Ayuntamiento de Campeche hizo el protocolo de clausura de éstas, el tema fue polarizado como algo político, a pesar que solo cumplían con el reglamento de construcción y la Ley de Obra Pública del Estado de Campeche, “cualquier acuerdo que haya hecho la administración anterior a Eliseo Fernández con el Gobierno del Estado, terminaba con la llegada del ex candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano”, destacó.
Finalmente, Llovera Abreu señaló que últimamente el Gobierno del Estado ha tenido la disposición de tratar estos temas y hay un acuerdo con la comuna para solucionar todos los permisos de obras pendientes para que todas estén bajo el marco de la ley.
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Edición: Laura Espejo
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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