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La Jornada Maya
30/07/2025 | San Francisco de Campeche
El gobierno estatal firmó un Convenio de Colaboración con los 13 ayuntamientos de Campeche para dar certeza jurídica a familias en asentamientos irregulares. Esto, durante la Reunión del Comité de Trabajo en materia de Certeza Jurídica que presidió la secretaria de Gobierno, Liz Hernández Romero, junto al consejero Jurídico, Juan Pedro Alcudia Vázquez.
Durante el acto, Hernández Romero enfatizó que este esfuerzo interinstitucional busca “proteger el patrimonio de las familias más vulnerables” y pidió a los alcaldes vigilar la aparición de nuevos asentamientos, especialmente aquellos promovidos por invasiones ilegales o engaños a migrantes nacionales de estados como Chiapas y Tabasco.
Alertó sobre el daño ambiental causado por la tala clandestina en áreas naturales protegidas y urgió a reportar estos casos de manera oportuna.
Por su parte el consejero Jurídico del Gobierno de Estado detalló que este convenio es resultado de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, impulsada durante dos años con apoyo del Congreso estatal y dependencias como el Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche (INFOCAM), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Campeche (RPPyC), entre otras.
Subrayó que la normativa permitirá agilizar trámites y atender casos críticos, como los de Sabancuy e Isla Aguada, donde existen miles de familias en espera de regularización, así como un municipio vulnerable como Calakmul, afectado por conflictos limítrofes.
Por su parte, la Oficina de Representación de la Semarnat presentó un diagnóstico ambiental en zonas federales de Ciudad del Carmen, mismas que se encuentran en la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) que urgen su desincorporación para darles certeza jurídica.
En la reunión, la subsecretaria de Gobierno, Martha San Román Montero, destacó que, actualmente, 10 mil 445 familias han obtenido seguridad jurídica sobre sus propiedades, pero la meta es ampliar este beneficio con apoyo de instituciones federales y estatales.
El convenio firmado establece un comité único de seguimiento para coordinar acciones entre los tres niveles de gobierno, con el fin de evitar la proliferación de asentamientos irregulares y garantizar condiciones dignas para los habitantes.
Edición: Estefanía Cardeña
