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La Jornada Maya
10/08/2025 | San Francisco de Campeche
El Tribunal Electoral del Estado de Campeche ordenó a los periodistas campechanos Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Huberth Carrera Pali ofrecer disculpas públicas a la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, por haberla ofendido con sus críticas en el programa de análisis La Barra Noticias.
En la plataforma digital de La Barra Noticias, cada uno de los tres comunicadores leyó el texto en el que el Tribunal Electoral Estatal consideró que habían causado ofensas a la gobernadora morenista.
Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Huberth Carrera dieron lectura, por separado, al mismo texto que señala:
“En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, se ofrece una disculpa a la gobernadora constitucional del estado de Campeche porque las expresiones emitidas en un programa de YouTube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”.
En entrevista, Abraham Martínez informó que, a pesar de que en su momento apelaron la sentencia del tribunal estatal, esta fue confirmada por la sala regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que tuvieron que acatar la sanción. Señaló que, en su caso, enfrenta además otras cinco denuncias de autoridades gubernamentales por daño moral, violencia política en razón de género y difamación.
Esta nueva sanción se inscribe en el contexto de una estrategia del gobierno de Sansores San Román para frenar los señalamientos críticos en su contra, pues dos juezas de control han ordenado al periodista Jorge González Valdez y al periódico Tribuna abstenerse de referirse a la mandataria.
Las juezas también ordenaron que el Tribunal Superior de Justicia del Estado designe a un censor que se encargará de revisar las publicaciones que pueda hacer Tribuna y los comentarios que, de manera personal, pudiera emitir el periodista Jorge González Valdez. Sin embargo, a dos semanas de que se dictara este resolutivo judicial, hasta el momento no se ha designado al censor gubernamental.
Edición: milio Gómez