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La Jornada Maya
01/10/2025 | San Francisco de Campeche
Los diputados de Movimiento Ciudadano y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pedro Armentía López y Jorge Salim Abraham Quijano, respectivamente, cuestionaron al gobierno de Campeche y a la jefa del ejecutivo estatal, Layda Sansores, sobre la reforma a la Ley de Expropiación: "¿No que no tenía nombre?". Lo anterior
tras darse a conocer el primer decreto de Utilidad Pública sobre ocho hectáreas al interior del fraccionamiento Miramar en la ciudad de Campeche, propiedad de personas ligadas a Alejandro Moreno Cárdenas.
Armentía López, ex priista, aseguró no ser defensor del ex gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, pues expresó que Alito "deberá responder ante las autoridades competentes por los delitos que se le acusan, pero esto deja en indefensión a todos aquellos que critican y no están de acuerdo con este gobierno”.
Mencionó que ahora verán si es cierto lo citado por la gobernadora en su Martes del Jaguar, respecto al proceso que sigue para la expropiación, cuestionando si pagarán lo de la última transacción o el valor actual de dichos predios pues hay escuelas, hospital, y demás amenidades que le dan una alta plusvalía a esa zona.
Resaltó que para cubrirse las ocho hectáreas solicitadas por el gobierno de México para la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, sacrificaron predios del actual jefe de oficina de la gobernadora, Rafael Castilla Azar, por lo que dijo dudar de los montos de valuación y añadió que se pagarán con alta plusvalía.
También acusó que esto es parte de una estrategia mediática, pues el viernes se vence el tiempo de gracia para emitir la controversia de inconstitucionalidad con respecto a dicha reforma, y ellos estarán ingresando dicho procedimiento entre hoy por la tarde y mañana, por lo que sospechan de ser efectivo, buscarán desacreditar a la oposición por esta controversia.
El priista Abraham Quijano, resaltó que se veía venir, y aseguró se convierte en un acto de "tiranía" por parte de la gobernadora, sobre todo, porque ahora tienen hasta al "Poder Judicial sometido al imponer" al ex asesor jurídico Juan Pedro Alcudia Vázquez, y con esto retomó lo dicho por Sansores San Román en su Martes del Jaguar: “No habrá amparo que valga”.
Con respecto a si Alito Moreno cometió algún ilícito u obtuvo esas tierras de forma ilegal, mencionó que las autoridades deberían investigar si se realizó con los procedimientos adecuados o en su caso, si hay muestra ejidal que avale la correcta posesión pues el gobierno de Campeche acusa al ex gobernador sin pruebas.
Y finalmente cuestionó “por qué no también se ejercen acciones en el complejo San Lorenzo, propiedad de la familia Sansores, y que por si fuera poco, el ex presidente Andrés Manuel se comprometió a hacer públicas todas las playas y no dejarlas en la privada, pero San Lorenzo sigue custodiado y sin poder ingresar libremente”.
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Edición: Estefanía Cardeña
