Seguridad y transgénicos dividen a legisladores

Hubert Carrera Palí
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

San Francisco de Campeche
Miércoles 30 de noviembre, 2016

El Presupuesto de Ingresos de Campeche para el ejercicio 2017 asciende a 19 mil 277 millones 532 mil pesos, incluyendo un crédito público por 495 millones, según la propuesta enviada por el Ejecutivo estatal al Pleno del Congreso, que en la sesión de ayer fue escenario de álgido debate en tribuna, entre los los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la representación independiente. Los de Nueva Alianza (Panal) y el Verde Ecologista (PVEM) se mantuvieron al margen.

En la exposición de motivos, el proyecto indica que la economía de Campeche es altamente dependiente de la actividad petrolera, por lo que la baja producción en esta área y los precios internacionales del barril de petróleo han traído como consecuencia una disminución importante en la actividad generadora de ingresos propios como de las transferencias que el gobierno federal realiza a través de los fondos asociados con los recursos provenientes de la exploración y explotación de hidrocarburos. Es por ello que dentro del Ramo 28 Participaciones Federales, el Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) presenta una disminución de 354 millones de pesos con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, lo que representa una reducción del 20 por ciento para el estado.

Este Fondo tiene una disminución acumulada de mil 424 millones con respecto a los recursos presupuestados en el PEF 2015, que significa que Campeche verá reducida en un 50 por ciento los recursos que el FEXHI le destinaba, con respecto a 2015.

Con la finalidad de compensar esta disminución de recursos y poder realizar la inversión pública que requiere el estado, la iniciativa de ley de ingresos del estado de Campeche contiene financiamiento por crédito público por la cantidad de 495 millones de pesos.

Los ingresos proyectados para 2017 son del orden de 19 mil 277 millones 532 mil 100 pesos, monto inferior en 1.8 por ciento a lo presupuestado en 2016. Este decremento es reflejo de la recesión de la actividad económica en la entidad, añade el documento.

Resalta también que las participaciones federales, como fuente de ingresos, registran una disminución como consecuencia de la caída de los precios y producción de los hidrocarburos. Por ello, en el presupuesto de egresos para 2017, la cifra prevista se ubica en 7 mil 19 millones 626 mil 858 pesos, monto inferior en 2.5 por ciento al estimado en el PEF 2016.

También las aportaciones federales proyectadas para 2017 se ubican en 7 mil 518 millones 604 mil 924 pesos, cifra inferior en 2.5 por ciento a lo previsto en la Ley de Ingresos de 2016; cabe mencionar que estos recursos serán destinados a un fin específico conforme lo establece la Ley de Coordinación Fiscal.

[b]Cuestionan seguridad[/b]

Legisladores del PAN y Morena denunciaron los crecientes indicadores delictivos que se están presentando, sobre todo en el sur del estado, ante la falta de coordinación entre la policía estatal y municipal, por lo que exigieron se convoque a comparecer a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Jorge Argaez Uribe, y de la Fiscalía General del Estado (FGE), Juan Manuel Herrera Campos.

Luego de un álgido debate en el cual salieron relucir las pasiones partidistas, la diputada priísta Laura Baqueiro Ramos convocó a sus compañeros legisladores a la reflexión, la unidad y el trabajo de equipo para no lesionar la imagen del estado con declaraciones que sólo pueden perjudicar inversiones y la tranquilidad de Campeche. “Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos en tribuna, porque es el reflejo de lo que proyectamos al exterior y eso no está bien”, advirtió.

Si existe algún problema de coordinación entre los mandos policiacos, la solución la tenemos todos trabajando juntos y no viendo colores de camisa, añadió la legisladora, al tiempo que invitó a los diputados a acercarse a las comisiones correspondientes para organizar reuniones con los titulares de las corporaciones policiacas y con los alcaldes para trabajar en equipo.

En entrevista, Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración, consideró al respecto que hay que trabajar por una cultura de la prevención “y no dedicarnos a hablar mal de Campeche”.

Antes, durante la discusión de asuntos generales, el panista Jaime Muñoz Morfín denunció que la seguridad pública se está saliendo de control, al reportarse en Escárcega el presunto secuestro de tres personas, en tanto que el morenista Carlos Martínez Aké aseguró que en Candelaria se presentaron cuatro asesinatos en fechas recientes.

La perredista María del Carmen Pérez López denunció que la zona sur del estado requiere de mayor vigilancia, ante el persistente tráfico de madera, indocumentados y droga, en tanto que la panista Janini Casanova García aseguró que en isla del Carmen no se ve la inversión destinada para seguridad pública.

[b]Soya transgénica, sí o no[/b]

La legisladora perredista María del Carmen Pérez López acusó que la autoridad federal, en particular la Sagarpa, no tiene deseo de cumplir con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que en franco desacato sigue permitiendo la siembra de soya transgénica en algunos polígonos de la región de Los Chenes sin que le importe el daño que está ocasionando al medio ambiente.

Consideró que hay una emergencia que se pretende minimizar, debido a que existen intereses económicos muy fuertes a favor de la empresa Monsanto, responsable de distribuir la semilla y el herbicida glifosfato.

Pérez López indicó que hay focos amarillos por la galopante destrucción de selva y la contaminación del manto freático que como consecuencia están afectando la salud de los indígenas mayas de esa región.

Jaime Muñoz Morfín y Julio Sansores Sansores, del PAN y PRI respectivamente, defendieron la siembra del transgénico. El primero argumentó que cualquier tipo de agricultura requiere a agroquímicos que están plenamente autorizados, aunque reconoció que todo exceso es malo.

Julio Sansores, quien es diputado por Hopelchén, aseguró que los daños a la salud que causa el glifosfato son “mínimos” y subrayó que existen comunidades de esa región que ya se han pronunciado a favor de que continúe la siembra de soya transgénica.

Igualmente, manifestó, continúa la consulta a los pueblos indígenas mayas para determinar cuál será finalmente la decisión que tomen con respecto al aprovechamiento de la soya transgénica, pero la perredista le reviró y le enumeró lo que consideró toda la serie de irregularidades que se han promovido a lo largo de estas consultas por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), con el propósito de inducir a los productores para que se siga sembrando el transgénico.

Por su parte, Muñoz Morfín consideró que el problema no es que la soya transgénica cause daños a la salud, “pues si eso fuera, muchos productos como el aceite no se podrían consumir”. Sin embargo, una vez más la perredista reviró nuevamente: “No se trata de los productos que consumimos sino de la devastación que causa su aprovechamiento, el daño que le ocasiona a las abejas, y por si fuera poco al manto freático”, respondió.