El Juzgado Primero de Distrito en Campeche cambió el estatus de aplazamiento de audiencia para determinar la suspensión definitiva o la continuidad del proceso de relocalización consensuada del Tren Maya en la zona urbana de la ciudad de Campeche, dictamen que afecta a tres barrios tradicionales. La audiencia era el pasado 9 de marzo, primero notificaron que sería este martes, pero hoy miércoles les informaron que será hasta nuevo aviso.
Guadalupe Cáceres, representante del barrio de Santa Lucía e integrante del colectivo Tres Barrios, mostró preocupación por dicha decisión y les recordó a los magistrados del órgano federal que están para defender al pueblo.
Uno de los argumentos de la activista es que desde hace un año denunciaron que el proceso debía detenerse ante la pandemia, pero ONU-HABITAT seguía enviando a sus colaboradores a continuar con encuestas sobre la posible relocalización, esto para dar a su primera fase y pudieran revelar cuál sería el primer paso.
“Es decir, hasta ahorita no sabemos cuál es el plan del gobierno federal, sólo nos ofrecen salir de aquí e irnos a otro espacio con viviendas de calidad, pero no es ni será lo mismo, principalmente nuestro rechazo es por la falta de información y porque en realidad no queremos dejar nuestro patrimonio que es un legado histórico, ya que quienes sí tenemos papeles somos descendientes de los primeros pobladores de los barrios tradicionales”, precisó.
Destacó que la audiencia era ayer martes, pero les notificaron que hubo cambios de agenda y aplazaron la sesión para dictaminar la suspensión definitiva o continuidad de la primera fase durante el proceso de amparo, es decir que cualquiera que fuese el resultado, ya hay un juicio encaminado en contra del proyecto Tren Maya en la zona urbana de Campeche, “pero lo ideal es que detengan el proceso de relocalización”, sentenció.
También mencionó que hay informes de pobladores que sí han dejado sus casas al interior del derecho de vía, pero es porque reconocen que llegaron después de ellas, en el caso de los Tres Barrios tienen documentos históricos que comprueban que son residentes del sitio desde antes de que colocaran las vías y es por eso que levantaron la voz.
“A quienes cedieron les endulzaron el oído con lo que les iban a dar y terminó siendo un paliativo, eso también es una violación a los derechos humanos”, finalizó Cáceres.
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