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La Jornada Maya
Madrid, España
Viernes 24 de marzo, 2017
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) Greenpeace y Global Witness denunciaron hoy aquí que en los últimos dos años fueron asesinados 340 defensores del medio ambiente en países en vías de desarrollo, lo que equivale a una muerte cada dos días.
Ambas ONG destacaron en el informe El precio del activismo el caso de la hondureña Berta Cáceres, cuya hija Laura Zúñiga pidió este viernes en Madrid, España se evite la impunidad en el homicidio de su madre, ocurrido el 3 de marzo de 2016.
En rueda de prensa, Zúñiga y el mexicano Gustavo Castro, testigo del crimen contra Cáceres y activista medioambiental de la organización Otro Mundo, en Chiapas, reclamaron la atención internacional para que la investigación del crimen contra la activista hondureña llegue hasta las últimas consecuencias.
La portavoz de Global Witness, Laura Furones, detalló que de los 340 casos documentados de los últimos dos años, un 40 por ciento eran activistas indígenas que defendían sus tierras ante proyectos de industrias extractivas como la minería.
Según el informe, tan sólo en 2015 fueron asesinados 185 defensores del medio ambiente, 122 de ellos en América Latina, y los países en el mundo más peligrosos fueron Brasil con 50 casos y Filipinas con 33.
En la mayoría de los casos se trata de la defensa de tierras ante la explotación de recursos naturales como el agua, minerales, madera, aceite de palma y proyectos como hidroeléctricas, presas, y fracturación hidraúlica para la extracción de gas, entre otros.
Zúñiga recalcó que además en este tipo de casos es elevado el índice de feminicidios, la persecución de las diversidades, y en el caso específico de su país se agrega la situación que el nuevo código procesal penal tipifica como delito: la movilización de la protesta.
Expresó que en el caso concreto de Berta Cáceres existe preocupación por saber el camino que llevarán las investigaciones y si se llegará hasta las últimas consecuencias.
Castro enfatizó a su vez que las investigaciones no siguen una línea hacia autores intelectuales, y que las pruebas son tan débiles contra algunas de las ocho personas imputadas que en un futuro no les será difícil quedar libres.
Recordó que él interpuso una demanda contra el Estado hondureño y la jueza del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que está pendiente del resultado de su defensa.
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