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Foto - Archivo La Jornada
La Jornada Maya
Washington
Lunes 9 de enero, 2017
El jefe de seguridad nacional de Estados Unidos, Jeh Johnson, advirtió que el plan del presidente electo estadunidense Donald Trump, de construir un muro a lo largo de la frontera con México, no es una inversión inteligente.
En una entrevista con la cadena Univisión, emitida ayer, Johnson señaló que "un muro de 2 mil millas en la frontera suroeste no es la inversión más inteligente del dinero de los contribuyentes, y sospecho que mucha gente en el Congreso va a sentirlo de esa manera".
El equipo de transición de Trump reveló durante la semana sus planes de pedirle al Congreso fondos para terminar la construcción autorizada por una ley aprobada por el Congreso en 2006, durante el gobierno del republicano George W. Bush.
Johnson señaló que bajo esa ley se han construido 700 millas de muro en la frontera con México "en lugares donde hace sentido invertir el dinero de los contribuyentes, pero señaló que hay zonas de desiertos y montañas donde no se justifica".
Advirtió, sin embargo, que las paredes no detendrán a los indocumentados y que con base en la experiencia de ocho años del actual gobierno lo que se necesita en la frontera "es tecnología y la capacidad para detectar la inmigración ilegal".
Johnson, cuya dependencia abarca la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), encargada de las deportaciones, resaltó que confía en que el gobierno de Trump no utilice para deportarciones la información entregada por los [i]dreamers[/i].
Consideró que la información entregada por los [i]dreamers[/i] al gobierno sólo debe ser utilizada para inscribirlos bajo la Acción Diferida de 2012, pero indicó que al ser creada por una acción ejecutiva, puede ser cambiada.
Advirtió que de no ser "honrada" por el nuevo gobierno el asunto será "litigado ante los tribunales en algún momento. Pero mi opinión es que cuando el gobierno promete algo, tiene que cumplir con su palabra", insistió.
La Acción Diferida ampara de la deportación y concede una autorización temporal de empleo renovable cada dos años a unos 700 mil inmigrantes indocumentados, la mayoría mexicanos.
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