Una mujer murió y otra persona resultó herida en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden que se presentaron este miércoles en la ciudad de Macusani, en la región peruana de Puno (sur), donde también se reportó que la sede judicial y la comisaría fueron incendiadas.
Esta nueva muerte en el sur del país elevó a 52 el total de fallecidos durante las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado en todo Perú.
El Hospital San Martín de Porres de Macusani informó, en un comunicado, que la víctima mortal es una mujer de unos 35 años y que otro hombre de 30 fue ingresado con pronóstico reservado tras presentar "un traumatismo torácico abierto".
La fallecida fue identificada como Sonia Aguilar Quispe, pobladora del distrito de Ayapata, y el herido como Salomón Valenzuela Chua.
"Actualmente, el personal de salud viene garantizando la atención oportuna a la persona herida que permanece internada en el nosocomio, invocamos a la población a mantener la calma y evitar situaciones que pongan en riesgo su vida e integridad física", concluyó el comunicado.
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Medios locales señalaron que durante la tarde de este miércoles se presentaron enfrentamientos en Macusani entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, que incluyeron el ataque a la sede judicial y la comisaría de esa localidad, que han sido incendiadas.
Imágenes difundidas durante la noche mostraron la comisaría de Macusani en llamas, de donde se indicó que los agentes fueron retirados por un helicóptero, así como del fuego en las instalaciones del Poder Judicial
Al respecto, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, declaró al canal N que el juzgado mixto y penal de Macusani "ha sido incendiado, le han prendido fuego a los expedientes".
Arévalo denunció que ve "un patrón" de ataques a instituciones de seguridad y la Judicatura durante las protestas antigubernamentales desde que comenzaron en diciembre.
"Es un patrón que yo veo, que atacan el Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía, pareciera que alguien persigue destruir la actuación de la Justicia y la investigación para ocultar algo y eso es preocupante", remarcó.
El presidente de la Judicatura remarcó que los ciudadanos "pueden reclamar sus derechos", por consideró que "no son los que están detrás de estos actos".
Sostuvo que ataques similares se han presentado en otras regiones sureñas como Cuzco, Apurímac o Ayacucho, y le pidió a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, "que tome medidas, no represivas, no de sacar y disparar contra la gente, sino que tiene que buscar el justo equilibrio y poner orden" en el país.
Hasta el momento, las protestas han dejado 42 manifestantes y un policía muertos, mientras que otras nueve personas han perdido la vida por distintas causas provocadas por los bloqueos de carreteras y manifestaciones.
Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, así como la convocatoria a elecciones generales para este año y a una asamblea constituyente.
Fiscalía reconoce el derecho a protesta sin "actos de violencia"
La Fiscalía de Perú afirmó este miércoles que en su país "se respeta el derecho a la protesta dentro del marco de protección de los derechos humanos, que excluye a los actos de violencia", por lo que reafirmó "su compromiso y obligación de prevenir y perseguir el delito".
En un pronunciamiento emitido horas antes del anunciado inicio de manifestaciones antigubernamentales en Lima, la Junta de Fiscales Supremos lamentó "las muertes ocurridas durante las protestas sociales iniciadas desde diciembre de 2022" y expresó sus "sentidas condolencias a sus familiares".
Los fiscales supremos añadieron que se han impartido "instrucciones generales y específicas" desde la Fiscalía de la Nación para asegurar una investigación de estos casos "que logre resultados objetivos, respetando los enfoques de derechos humanos e interculturalidad".
Añadió que el Ministerio Público "respeta la autonomía de los poderes y órganos constitucionales del Estado peruano" y eso le impide "la intervención en las decisiones de los órganos de gobierno y en los criterios jurídicos que adoptan los fiscales en el ejercicio de sus funciones, conforme a sus competencias" legales.
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