Desde el 7 de diciembre pasado, fecha en que el Congreso peruano destituyó al presidente Pedro Castillo y designó en su remplazo a Dina Boluarte, hasta entonces vicepresidenta, no ha cesado la resistencia popular contra esa modalidad de golpismo legislativo, a pesar de la brutal represión que ha provocado medio centenar de muertes y unos 600 heridos.
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A 40 días de la interrupción de la democracia, el régimen no ha podido consolidarse y ahora se enfrenta a la marcha sobre la ciudad de Lima de miles de campesinos que intentan llegar a la capital para exigir la realización de elecciones presidenciales en el curso de este año y la convocatoria a una asamblea constituyente, punto que formaba parte del mandato popular que recibió el mandatario defenestrado.
Muchos de los manifestantes exigen también la liberación de Castillo, quien desde su salida del cargo ha sido mantenido en prisión por las autoridades golpistas. Pero la situación del mandatario depuesto no es ya el motivo central de la insurgencia popular que se mantiene sobre todo en el Perú rural y mayoritariamente indígena.
Ese sector mayoritario de la población se ha movilizado para demandar lo que Castillo no pudo cumplir: una renovación profunda de la institucionalidad peruana que aporte al país la estabilidad política que resulta probadamente imposible en el contexto de la Constitución fujimorista vigente desde 1993, como demuestra el hecho de que de 2016 en adelante ningún titular del Ejecutivo ha podido terminar su mandato y que de los 10 más recientes, seis hayan sido sujetos de acusaciones judiciales.
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Uno de los factores fundamentales de la crisis permanente en medio de la que se debaten las instituciones del poder público en Perú son las excesivas prerrogativas que tiene el Legislativo y la debilidad constitucional de la Presidencia, lo que permite a las coaliciones parlamentarias coyunturales acosar y deponer a mandatarios.
En el caso de Castillo, es claro que los intereses corruptos y oligárquicos representados en el Congreso no solamente le hicieron imposible el ejercicio del cargo sino que acabaron por derrocarlo y encarcelarlo.
No obstante lo anterior, hasta ahora esos intereses no han sido capaces de construir una alternativa de poder mínimamente viable y han debido limitarse a usurpar el cargo presidencial –que debiera reflejar y obedecer a la voluntad popular– por medio de Boluarte y sus acciones represivas.
En suma, hoy en Perú se enfrentan dos visiones contrapuestas de nación: la de las derechas atrincheradas en el Congreso, sin más horizonte que defender un régimen violento e ilegítimo, y la de los sectores mayoritarios de la población, que buscan dar paso a un Estado verdaderamente democrático en el que el gobierno represente y ejecute la voluntad soberana del pueblo.
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Edición: Ana Ordaz
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