Uno de los republicanos más influyentes del Senado exigió este jueves a la DEA y a la FBI que entreguen toda información sobre los vínculos entre Genaro García Luna y sus agencias para determinar cuándo y cómo se enteraron que era corrupto.
“Por favor, expliquen qué sabían cada una de sus agencias sobre la corrupción y actividad criminal de García Luna, cuándo se enteraron de esa información y cómo dieron con esa información”, escribió el senador Chuck Grassley, el legislador republicano de mayor rango de la minoría en el Comité Judicial.
En su misiva a Anne Milgram, administradora de la DEA, y a Christopher Wray, director de la FBI, Grassley también exige que “identifiquen a los individuos a quienes sus agencias comunicaron esa información (sobre la corrupción de García Luna) y las fechas en que cada noticia fue comunicada”.
Al indicar que García Luna trabajó con la DEA y la FBI “en el momento que estaba canalizando aproximadamente 103 mil libras de cocaína a Estados Unidos” y que el entonces secretario de Seguridad Pública utilizaba patrullas donadas por el gobierno de Estados Unidos para transportar las drogas del cártel desde el aeropuerto de México”, Grassley solicitó que se entreguen detalles sobre cómo las agencias estadunidenses verificaron la honestidad de quien fue su mayor colaborador policiaco en México.
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Tras señalar que García Luna fue declarado culpable de corrupción por aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa y que algunas versiones periodísticas ya arrojaban sospechas sobre las actividades ilícitas del secretario de Seguridad Pública desde 2008, Grassley pidió en esencia toda la información que tienen esas dos agencias sobre García Luna.
Esto incluye “todas las grabaciones de García Luna”, todos los informes, apuntes y otros documentos que tienen sobre la actividad criminal del ex funcionario, todo el contenido del teléfono celular y la computadora de García Luna cuando fue arrestado.
Aunque el senador Grassley es miembro de la minoría republicano, tiene el poder en el Comité Judicial para frenar la ratificación de todo nombramiento de funcionarios judiciales que desea el gobierno de Joe Biden si no se responde a sus demandas.
Grassley requirió que toda esta información sea proporcionado antes del 22 de marzo de 2023.
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