A poco más de un mes de conseguir la despenalización de la eutanasia en Ecuador, falleció este lunes Paola Roldán, quien sufría la enfermedad incurable esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde 2020.
Un comunicado suscrito por Francisco Roldán, padre de la fallecida, informó a la opinión pública “sobre el fallecimiento de nuestra amada Paola”, cuya lucha por el derecho a una muerte digna y compasiva “ha dejado un impacto perdurable en nuestra sociedad” y un cambio significativo en la legislación ecuatoriana.
Añadió que Paola Roldán partió de este mundo en paz, rodeada de su familia, con un “les amo” dedicado a quienes la acompañaron. Pidió respetar su “privacidad en este delicado momento”.
Poco antes, uno de sus abogados, Farith Simon, confirmó el deceso y aclaró que la familia no había dado detalles de la muerte. Por tanto, se desconoce si fue producto de la enfermedad o por decisión propia.
Roldán, de 42 años, permanecía postrada en una cama en su casa, conectada a un respirador y con asistencia permanente, debido a que la enfermedad había eliminado su capacidad de usar sus músculos, lo que obligaba a alimentarla por vía intravenosa.
Después de meses de lucha legal ante la Corte Constitucional, Roldán, logró que el 7 de febrero ese Tribunal, el de mayor jerarquía en materia de interpretación constitucional, despenalizara por primera vez la eutanasia en Ecuador.
Dio, además, un plazo de dos meses al Ministerio de Salud para elaborar un reglamento sobre la eutanasia.
Al conocer el veredicto, Roldán había dicho que “recibo esta noticia muy conmovida y con alivio, hubo días en que pensé que nunca iba a escuchar el resultado de esta demanda”.
En América Latina, Colombia es el único país que ha despenalizado la eutanasia, que realizan médicos utilizando drogas para provocar la muerte de pacientes con enfermedades terminales. La práctica también es legal en Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, España y varios estados de Australia. En Chile está en debate.
Otras jurisdicciones, incluidos varios estados de Estados Unidos, permiten el suicidio asistido, en el que los pacientes toman ellos mismos la droga letal, generalmente en una bebida recetada por un médico.
En agosto de 2023, Roldán demandó la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal que tipifica el delito de homicidio y prevé una pena de 10 a 13 años de prisión.
“Semana a semana soy testigo consciente de cada facultad que voy perdiendo”, había dicho en noviembre a los jueces de la Corte Constitucional ante los que compareció por Internet.
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Edición: Estefanía Cardeña
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