El Senado argelino aprobó este martes la ley sobre la industria cinematográfica, que remplaza a la actual de 1967 y prevé penas de entre uno y tres años de prisión para las producciones que atenten contra la religión, la historia sobre la guerra de la independencia y la “moral”.
La ministra argelina de Cultura, Soraya Mouloudji, se felicitó por esta ley que, aseguró, representa un “gran renacimiento” del cine que protegerá la identidad cultural argelina y su influencia en el extranjero a través de la “diplomacia cinematográfica”.
El objetivo, defendió, es la reactivación de la industria y convertir a Argelia en un centro regional e internacional de producción audiovisual.
En 2011 las autoridades ya prohibieron la financiación, producción y explotación de cualquier producción que “ataque” la religión o la guerra de independencia (1954-1962)- para la que se necesita una autorización previa-, que “glorifique” el colonialismo o “socave” el orden público o la unidad nacional.
La nueva ley extiende la lista de temática sujeta a la “opinión consultiva” del Ejecutivo a cuestiones religiosas, acontecimientos políticos, personajes nacionales y símbolos estatales, mientras prevé la creación de un organismo de “inspectores” de cine.
Durante el debate parlamentario celebrado dos semanas antes, varios diputados celebraron este avance “contra la presión de pseudo-artistas”, a los que acusaron de “avanzar hacia un cine occidental sin límites y amoral”.
Los profesionales del sector denuncian una medida liberticida que abre la puerta a la censura de cualquier corriente artística contraria a los criterios del Estado, como denuncia la realizadora Sofia Djama en sus redes sociales, que calificó esta iniciativa de “tragedia”.
“Nos opusimos en 2022, organizamos una reunión, esta ministra se comprometió a proteger a quienes apoyan el cine y finalmente decide proteger la voz del populismo, del nacionalismo primario, de los islamistas y de la mediocridad”, declaró la autora de la aclamada cinta Los Bendecidos.
En los últimos meses, Presidencia llamó los diferentes sectores del gremio a participar en las discusiones para su redacción pero finalmente el único punto que se modificó fue remplazar las penas de prisión por una multa económica en el caso de no reembolsar sin justificación las subvenciones públicas si la película no se realiza en un plazo máximo de veinticuatro meses.
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Edición: Estefanía Cardeña
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La Jornada
