Aldo Anfossi
El 19 de octubre de 2019 comenzaron en Chile inmensas protestas sociales gatilladas por una conjunción de frustraciones ciudadanas: bajos salarios (el 70 por ciento de los trabajadores gana menos de 700 dólares mensuales), pésimas pensiones (en promedio 180 dólares mensuales), grave endeudamiento familiar (74.5 por ciento de los ingresos), servicios básicos convertidos en negociados; hastío de la clase política (dos por ciento de aprobación) y del gran empresariado abusador, proclive a colusiones groseras que encarecieron los medicamentos, los alimentos y artículos de aseo personal.
Un año después, millones votan para decidir acerca de construir una Constitución que erradique el precepto de que hasta los aspectos más vitales de la vida, pueden ser reducidos a tratarse como asunto de lucro. De manera virtuosa, el fiasco y la indignación que explotaron iracundos, se canalizaron en la certeza colectiva de que se requiere erradicar el mercantilismo brutal de los últimos 40 años y que terminó haciendo incierta y angustiante la vida cotidiana de la gente.
"La trascendencia del proceso constituyente es de proporciones históricas, representa el término del legado de la dictadura y en algún sentido el fin absoluto de esta larguísima transición a la democracia", dice el abogado constitucionalista Javier Couso, catedrático de las universidades Diego Portales (Chile) y de Utrecht (Holanda), en nuevo diálogo con La Jornada luego de casi doce meses.
¿Cómo fue posible que el proceso constitucional se convirtiera en la principal demanda del estallido? En algún sentido porque 10 años antes, tres de cuatro candidatos presidenciales plantearon la necesidad de una nueva Constitución; también lo hizo el movimiento de los estudiantes universitarios de 2011, advirtiendo que sus legítimas demandas simplemente no podrían materializarse sin reformas progresistas en salud, educación y otras.
Luego, cuando la presidente Bachelet tomó como una de sus banderas avanzar a una nueva Constitución, la frustración de que la derecha lo impidiera quedó en la retina de los chilenos. Así que no es tan raro que producido el estallido, surgiera como una respuesta para canalizar las demandas, porque la constitución tiene un sesgo neoliberal muy fuerte que impide a las mayorías gobernar.
¿Qué tan importante es que el proceso constituyente disponga de legitimidad social? Es de la mayor relevancia, comenzando porque voten millones de personas y que durante la deliberación y redacción del texto, participe, se escuche y atienda a la sociedad civil; y por supuesto el plebiscito ratificatorio en 2022.
Edición: Elsa Torres
Condena AMLO prácticas injerencistas de EU
La Jornada
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