Enrique Gutiérrez, corresponsal
La Jornada Nacinoal

Santiago.
29 de abril, 2015

Esta noche la presidenta Michelle Bachelet anunció al país, el comienzo de una discusión nacional para redactar una nueva Constitución.

Esto se hará a partir a partir del mes de septiembre y “daremos inicio al Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos, afirmó.

La mandataria anunció una serie de drásticas medidas, que definió de “severas”, para enfrentar la corrupción, el tráfico de influencias y evitar la colusión entre polítca y negocios, que abarcan no solo al Poder Ejecutivo, sino al Legislativo, a los municipios y los jefes militares y la relación entre los empresarios y regulará el uso del suelo privados y públicos.

No hay desarrollo ni paz social si no se eliminan estas lacras, dijo Michelle Bachelet. Indicó que el Estado será quien financiará a los partidos políticos prohibiéndose el aporte de los privados a las campañas electorales; suprime los regalos a los electores como el pago de servicios y restituye la noción del cohecho a los electores como un delito.

Los parlamentarios y los funcionarios públicos y municipales que sean condenados por la justicia, perderán los cargos. Las leyes se aplicarán incluso a las Fuerzas Armadas y los esposos o esposas de los principales involucrados.

Incluso entre los particulares se castigarán los tratos secretos y el pago de servicios a empresas que no han sido prestados.

Michelle Bachelet dijo que en 15 días se aplicarán las primeras medidas administrativas y en 45 estará las propuestas de nuevas leyes al respecto.

Los partidos deberán transparentar sus nóminas de militantes y el Servicio Electoral tendrá más autonomía y facultades para vigilar y castigar. Reconoció que “son medidas severas, y algunos querrán resistirlas para que las cosas queden igual. Pero mi principio es claro: La democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero", luego de admitir que debe comenzar por si misma.

Anunció una educación civica a nivel escolar y universitario y estableció que ella asumirá el control de este cambio. Insistió en que "transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados, y las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito". Asimismo, subrayó que "será el Estado el que financie el trabajo de los partidos. Para eso tendrán que cumplir con exigencias y controles claros. Tendrán que reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros; tendrán que ser democráticos en su interior, tener contabilidad transparente y fiscalizada, dar espacio a nuevos líderes. Ésta es una inversión necesaria para tener una mejor vida pública y mayor participación ciudadana", subrayó.

Además, aseveró que otorgará autonomía constitucional al Servicio Electoral y se darán más facultades al Tribunal Calificador de Elecciones, con el objeto de regular de mejor forma el financiamiento de las campañas electorales, y se reducirá el gasto electoral. "Todos aquellos representantes elegidos que vulneren la confianza pública, no nos podrán representar en los cargos de elección popular y perderán sus escaños", ratificó.


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