Alonso Urrutia y Dora Villanueva
Foto: Jesús Villaseca
La Jornada Maya
Ciudad de México
Domingo 17 de marzo, 2019
Como parte de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo para el sexenio se pretende dar un giro a la función de la Secretaría de Gobernación para que, sin dejar su responsabilidad de conducir la política interior, se convierta en una dependencia garante de las libertades y la protección de los derechos humanos y abandone su arraigada orientación al control y persecución política, sostuvo el subsecretario de Derechos Humanos de esa dependencia, Alejandro Encinas.
Durante su participación en el último día de trabajos de los foros sobre el PND, Encinas sostuvo que en los objetivos que en este rubro tendrá el gobierno en sus políticas públicas se encuentra revertir la crisis humanitaria y la violación de derechos humanos, para impulsar como prioridad la de garantizar los derechos humanos y la equidad de género y revertir la discriminación.
Encinas destacó que es urgente cerrar las enormes brechas de desigualdad, discriminación y exclusión de grupos vulnerables que golpean principalmente a las mujeres y a los pueblos indígenas.
Destacó que el analfabetismo entre las mujeres indígenas es diez veces mayor al promedio nacional; ocho de cada diez menores viven en situación de pobreza, el doble del promedio nacional; hay carencia acentuada de escuelas y clínicas.
En cuanto a las mujeres, el 66 por ciento de las mayores de 15 años han reportado algún episodio de violencia psicológica, sexual, física, por lo que supondrá especial énfasis en políticas públicas que reviertan esta condición de vulnerabilidad.
El subsecretario subrayó que para este gobierno ha sido fundamental el reconocimiento de la crisis humanitaria y violación sistemática de los derechos humanos, cuya solución pasa necesariamente por asumir su existencia.
Refirió que hay una profunda crisis de inseguridad y una grave descomposición del tejido social que se refleja en una violencia que impacta a millones de mexicanos.
Hay más de 40 mil personas desaparecidas, más de mil fosas clandestinas, alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar y millones de víctimas indirectas. "Esta exposición continua a la violencia afecta a todos en el desarrollo, pero especialmente a los menores de edad", dijo.
Subrayó que una vertiente de la inequidad es que más de la mitad de la población en México se encuentra por debajo de las líneas de pobreza. Millones de personas no tienen garantizado su acceso a la salud, a las medicinas y a la alimentación.
Las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos fueron sistemáticamente dejadas en la sombra por casi 40 años de gobiernos que pusieron en el centro que el mercado determinará el desarrollo económico y social. Ahora, dijo, en el nuevo PND se pretende colocar a las víctimas en el centro de la atención gubernamental para atender la crisis de derechos humanos y garantizarlos de manera progresiva.
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