Ana Langner
Foto: Pablo Ramos
La Jornada Maya
Ciudad de México
Sábado 9 de febrero, 2019
Las prácticas de perfilamiento racial han servido para restringir los derechos de las personas migrantes, refugiadas y connacionales, especialmente aquellas que pertenecen a grupos y comunidades afrodescendientes o indígenas, advierte Alexandra Haas Paciuc, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a través de una guía de capacitación y profesionalización para agentes federales.
En la “Guía de Acción Pública para la Prevención de Prácticas de Perfilamiento Racial”, elaborado por el Conapred en coordinación con la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración (INM), expone que si bien nuestro país ha realizado grandes esfuerzos por establecer una política migratoria respetuosa de los derechos humanos; “su aplicación efectiva se ha enfrentado a enormes retos, como el uso de prácticas de perfilamiento racial por parte de las y los agentes migratorios. En este tipo de dinámica, características como el tono de piel, el origen étnico, el acento y los tatuajes son percibidas con sospecha”.
Haas Paciuc recuerda que desigualdades de trato que se originan en estereotipos y prejuicios están prohibidas por nuestras leyes y por el derecho internacional. Así, la herramienta tiene el propósito de integrar la perspectiva antidiscriminatoria en las operaciones diarias de agentes federales de migración a través de la profesionalización, tomando como base a los propios manuales y lineamientos del INM.
Además, se proponen criterios para que los agentes migratorios lleven a cabo sus actividades de control y verificación, pero las orienta a conductas sospechosas y no a las características físicas de las personas
“El perfilamiento racial, como todas las manifestaciones de la discriminación, tiene un efecto negativo sobre la fortaleza de la cohesión social y la calidad de la vida democrática, puesto que contribuye a la difusión de estereotipos y prejuicios, y genera un ambiente de criminalización y persecución generalizada en contra de determinadas personas, con base en características físicas, que nada dicen sobre su estatus migratorio”, concluye la presidente del Conapred.
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