Fabiola Martínez
Foto: Pablo Ramos
La Jornada Maya

Ciudad de México
Domingo 9 de febrero, 2020

El jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, invitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y al fiscal General de la República, Alejandro Gertz, a incorporarse a los trabajos de la comisión especial para el caso Ayotzinapa, con el propósito de que, de manera conjunta, se logre "romper el pacto de silencio que ha perdurado mucho tiempo y esclarecer lo acontecido" en septiembre de 2014 con la desaparición de 43 estudiantes.

"Estoy convencido de que si nos unimos, lograremos romper el pacto de silencio que ha perdurado por mucho tiempo y esclarecer lo acontecido; no prolongar la impunidad, hacer justicia, y demostrar que somos auténticos representantes deun Estado social y democrático de derecho", señaló el mandatario en cartas dirigidas al ministro y al fiscal, a las cuales [i]La Jornada[/i] tuvo acceso..

Por tanto, los convoca a reunirse con los padres de los jóvenes de la Normal Isidro Burgos cada mes para recibir el informe de la comisión respectiva (creada por decreto presidencial en diciembre de 2018) y tomar las decisiones necesarias.

La primera de estas reuniones conjuntas, si aceptan la invitación Zaldívar y Gertz, se llevará a cabo el 5 de marzo a las 11 de la mañana en Palacio Nacional; al cierre de la edición ninguno de los funcionarios había hecho pública su respuesta.

En las misivas, con fecha 6 de febrero, después de reunirse nuevamente con los familiares de los normalistas desaparecidos hace seis años, el jefe del Ejecutivo subraya que conocer el paradero es un propósito superior del Estado Mexicano.

Ante ello, les solicita "de manera atenta y con absoluto respeto a la autonomía" del Poder e instancia que representa, tanto al ministro como al fiscal, su participación "para atender juntos, de manera coordinada, dicha demanda de justicia". Los padres de los normalistas recibieron copia de las cartas.

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, coordinada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, fue una de las primeras acciones del Presidente.


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