La Secretaría de Gobernación, como institución operadora del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, informó esta tarde que desde diciembre de 2018 a la fecha, se han asesinado a 43 periodistas y 68 personas defensoras de derechos humanos en el país, de los cuales siete periodistas y dos personas defensoras eran beneficiarios del mecanismo de protección.
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A través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, se indicó que el mecanismo cuenta con mil 478 personas beneficiarias de la mayoría de las entidades federativas, pero sólo seis estados del país tienen organismos locales de protección en esta materia, los cuales son: Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla.
En el informe, se resalta que desde el inicio de esta administración el gobierno federal ha fortalecido el mecanismo a fin de generar más cobertura y atención a esta problemática, puesto que, a partir de diciembre de 2018 a la fecha, ha incrementado el número de personas beneficiarias en más del 80 por ciento.
Refiere que en los años 2019 y 2020 se destinaron 783 millones de pesos, mientras que en este año se aprobó un presupuesto de 227.6 millones de pesos y se solicitó una ampliación de 189 millones de pesos, lo cual daría un presupuesto total para 2021, de 416.6 millones de pesos para el mecanismo de protección.
Sostiene que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, asume su obligación de proteger a todas aquellas personas que se encuentran en riesgo por el ejercicio de su labor y llama a las demás autoridades involucradas a hacer lo propio en esta materia.
El Mecanismo de Protección, se apunta en el infofme, es una garantía de protección a derechos humanos erigida dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad, de quienes ejercen el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
Desde su creación y a lo largo de los años, esta política pública ha presentado una serie de retos que transitan, por ejemplo, en la idea de que la única forma de intervención efectiva como Estado es solo a través del mecanismo, olvidando así, la coparticipación que debe de existir de los tres órdenes de gobierno en la protección a quienes ejercen la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, precisa.
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