Fabiola Martínez y Enrique Méndez
El gobierno federal encontró 31 contratos relacionados al software de espionaje Pegasus, adquiridos en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La afectación a las arcas públicas es de alrededor de mil 970 millones de pesos (poco más de 61 millones de dólares) para la compra y mantenimiento de esta infraestructura técnica y la adquisición de bases de datos y otras plataformas.
Así lo informó hoy durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, al tiempo de manifestar que el actual gobierno no espía a nadie.
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Los documentos encontrados serán difundidos en las redes sociales por indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La funcionaria explicó que Pegasus operó entre 2011 y 2018 en los gobiernos referidos y fue vendido a la entonces Procuraduría General de la República.
Para sus transacciones, la firma israelí creadora de Pegasus utilizó empresas fachada para simular contratos en diferentes instancias del gobierno federal por conceptos distintos al uso de tecnología de inteligencia.
De los 31 contratos, 16 se encontraron en la extinta Policía Federal (suscritos con dos empresas) y otros dos firmados por la Secretaría de Gobernación, de donde dependía la Policía Federal.
En el órgano desconcentrado encargado de la operación de penales se encontraron siete contratos con cuatro empresas. En el Servicio de Protección Federal se hallaron dos más. En el Centro de Inteligencia (antes Cisen) se reportó cuatro contratos más.
“Estos 31 contratos involucran al gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, bajo cuya protección operaba, en el caso de Felipe Calderón, el ex secretario de Seguridad, Genaro “G”, actualmente preso en una cárcel, en un penal de Nueva York, y está reconocido por sus prácticas de espionaje pero también en el caso de Peña Nieto mantuvo esta actividad ilegal durante todo su sexenio”, señaló la secretaria Rodríguez.
Ante López Obrador mostró la caja que contiene la documentación y que será entregada a la Fiscalía General para que investigue y localice a los responsables de “esta ilegal práctica que violó" la integridad de políticos, periodistas, luchadores sociales, empresarios, defensores de derechos, legisladores y servidores públicos.
“Y así este nuevo gobierno tiene como premisa fundamental la libertad y la transparencia. Aquí no se espía a nadie, se acabó la persecución política y el espionaje”, subrayó.
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