El alto número de homicidios cometidos con armas de fuego en nuestro país constituye ya un problema de salud pública, coincidieron en señalar el titular del Centro Nacional de Información (CNI), David Pérez Esparza, y el director general de Análisis Nacional del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), Édgar Guerrero Centeno. De ahí la importancia de la demanda legal del gobierno mexicano contra el tráfico irresponsable de armamento en los Estados Unidos.
Al participar en el seminario “Litigio estratégico vs productores y distribuidores de armas”, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM, ambos funcionarios resaltaron la importancia que esta demanda tiene para nuestro país.
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Pérez Esparza expuso que, mientras en 1997 solo el 15 por ciento de los homicidios en todo el país eran cometidos con armas de fuego, para 2021 esta cifra ha crecido al 70 por ciento.
Afirmó que el problema tiene ya una perspectiva epidemiológica y de salud pública que incide en una reducción significativa en la esperanza de vida de los mexicanos, principalmente en los estados de la frontera norte y el Bajío.
“Si México no logra controlar el tema que tiene que ver con el comercio ilícito de armas, no podrá construir la paz”, sentenció el funcionario.
En esto coincidió el director de análisis del CENAPI, una dependencia de la Fiscalía General de la República (FGR), quien señaló que el asunto no es solo de seguridad, sino que afecta ya la expectativa de vida de los mexicanos.
Explicó que en todo el país se registran anualmente 5.4 millones de eventos delictivos, en los cuales está involucrado el uso de armas de fuego.
Afirmó que, en los últimos dos años, tan solo la FGR ha asegurado 52 mil 554 armas de fuego, la tercera parte de ellas armas largas.
Señaló entre el 70 y el 80 por ciento de ellas provienen de los Estados Unidos, una buena parte son vendidas en armerías de estados fronterizos e ingresadas ilegalmente a nuestro país.
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