Organizaciones piden al gobierno rechazar programa Quédate en México

Aseguran que viola el debido proceso, el derecho de asilo y otros compromisos internacionales
Foto: Afp

México debe rechazar la inminente reinstalación por parte de Estados Unidos del programa Quédate en México, ya que viola el debido proceso, el derecho de asilo y los compromisos internacionales en materia migratoria y de refugio firmados por el Estado mexicano.

Organizaciones de defensa de los derechos de migrantes y refugiados de ambos países demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pronunciarse en torno a un amparo que tiene en revisión desde febrero de 2020 –y del cual, a la fecha, los ministros no se han pronunciado—, a fin de frenar la participación de México en ese programa, también conocido como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).

A unos días de que el gobierno de Joe Biden reinstale el MPP –tras una orden de una corte de Texas—, las organizaciones presentaron ante la SCJN un amicus curiae para fortalecer el mencionado amparo, 302/2020, en el que llaman a la administración de Andrés Manuel López Obrador a rechazar y no participar en ese programa.

Entre “las condiciones que señala en la resolución de la corte de Texas (está) que sin la participación del Estado mexicano el MPP no podrá restaurarse”, subrayaron.

Quédate en México fue una de las banderas antimigratorias del ex presidente estadunidense Donald Trump. Se anunció el 20 de diciembre de 2018 y entró en operación en enero de 2019. El gobierno mexicano lo aceptó formalmente en un memorando de entendimiento en junio de 2019.

Este programa obligaba a quien pidiera asilo en Estados Unidos a permanecer en suelo mexicano –particularmente en estados fronterizos— hasta que las cortes en la materia de aquel país definieran sus solicitudes.

 

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Al inicio de su gobierno, en enero pasado, Biden anunció su cancelación. Sin embargo, el 25 de agosto de este año un juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, con sede en Texas, ordenó su restablecimiento, por lo que se prevé que en noviembre la Casa Blanca lo ponga nuevamente en operación, aunque para ello necesita el aval del gobierno de López Obrador.

De acuerdo a las organizaciones que presentaron el amicus curiae ante la SCJN, durante la vigencia de ese programa –de enero de 2019 enero de 2021— se regresó a México más de 70 mil solicitantes de asilo. “Dicha población se enfrentó a condiciones precarias de estancia (falta de acceso a la salud, a la educación, al trabajo y a la vivienda); además de ser sujeta a extorsiones, secuestros, violaciones, asesinatos y otros delitos violentos por parte del crimen organizado y diversas autoridades”.

El amicus curiae es firmado por Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP), Human Rights Initiative of North Texas (HRI), International Refugee Assistance Project (IRAP), Latin America Working Group (LAWG), Mississippi Center for Justice, Oasis Legal Services, Oxfam America, Oxfam México, RefugePoint, Tahirih Justice Center y Witness at the Border; así como por las profesoras Denise Gilman, de la Clínica de la Ley de la Universidad de Texas; y Sarah Paoletti, de la Clínica Legal Transnacional de la Universidad de Pensilvania.

“El documento que presentamos acredita ampliamente que el Estado mexicano, si acepta que se reanude el MPP, estaría violando, de nueva cuenta, estándares internacionales de derechos humanos que forman parte del orden jurídico nacional. Además, documenta las graves violaciones a los derechos de las personas con necesidades de protección y sus consecuencias. La SCJN tiene la oportunidad de poner fin a esta situación, por lo que llamamos a las y los ministros a terminar con esta política inhumana”, señaló Alexandra Haas, directora de Oxfam México.

Agregó que el MPP es contrario a la Constitución mexicana y al derecho internacional en materia de asilo.

“Las personas no han podido acceder a la justicia y existieron irregularidades, como el traslado por la fuerza de solicitantes de asilo a la frontera sur de México e incluso deportaciones irregulares a Guatemala”, concluyó.

 

Edición: Mirna Abreu