Jorge A. Pérez
Unas 32 mil hectáreas de tierras ejidales y comunales en el Istmo de Tehuantepec son actualmente acaparadas por empresas de capital extranjero que han construido en ellas 29 parques eólicos con una capacidad de generación de 2 mil 709 megavatios, según la organización no gubernamental Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC).
La situación ha generado conflictos, documentados por ProDESC, debido a que en colusión con notarios y personal del Registro Público de la Propiedad, compañías dijeron engañosamente a los ejidatarios que les ayudarían a generar títulos de posesión para que pudieran decidir sobre sus parcelas, los cuales resultaron apócrifos. “Intentaron modificar la tenencia de la tierra para que pase de propiedad social a privada”, puntualizó Juan Antonio López Cruz, coordinador del área de justicia trasnacional de esa asociación.
Un ejemplo del fenómeno sucedió en el municipio de Unión Hidalgo; sin embargo, el pasado 6 de septiembre 12 campesinos recuperaron el control de sus terrenos después de que el Tribunal Unitario Agrario del distrito 22, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, determinó la nulidad de los contratos de arrendamiento que tenía en la zona la firma Desarrollos Eólicos Mexicanos, filial de la española Renovalia Energy.
López Cruz explicó que además de que se tramitaron documentos falsos, el juez declaró nulos los convenios porque debieron firmarse con la asamblea y no de manera individual, “que es lo que estas empresas buscan evitar, pues es más sencillo convencer a una persona que a muchas”. Los acuerdos eran por más de 30 años y se definía un pago de 250 a 300 pesos anuales por hectárea.
Conflicto en San Blas Atempa
En esta misma región e impulsado por el gobierno federal, está el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el cual, además de unir los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos con un tren, incluirá un proyecto denominado Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis).
Se pretende instalar uno de estos parques industriales en el Monte del Pitayal, municipio de San Blas Atempa, para lo cual 340 hectáreas fueron pasadas a propiedad privada y pagadas por el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe).
El monto invertido fue de 52 millones 700 mil pesos, es decir, 155 mil pesos por hectárea; sin embargo, existe un proceso jurídico interpuesto por un grupo de ejidatarios y las autoridades de la agencia municipal de Puente Madera, quienes acusan que la asamblea en que se aprobó la transacción fue amañada, pues en ella participaron personas que no habitan en la localidad.
En reiteradas ocasiones, los manifestantes han señalado que no existe oposición como tal a este proyecto, sino que piden “que se hagan bien las cosas” y no lleguen al estado personas que no deberían tener voz ni voto a decidir por ellos.
Acusaron que pese a que existe un juicio de nulidad para la asamblea realizada el 14 de marzo de 2021, la compraventa y el cambio de uso de suelo continuaron y el proceso judicial se encuentra detenido por las autoridades del tribunal agrario.
Propiedad social en Oaxaca
El territorio de Oaxaca es de 9 millones 375 mil 700 hectáreas, de las cuales 7 millones 408 mil 148 corresponden a propiedad social y un millón 967 mil 552 a privada, de acuerdo con datos de la Junta de Conciliación Agraria estatal.
De las primeras, 5 millones 764 mil 310 hectáreas son tierras comunales y un millón 643 mil 838 son ejidales; sin embargo, según información proporcionada por la dependencia, de manera anual la superficie de propiedad social en la entidad decrece en 300 hectáreas, principalmente en los municipios conurbados a la capital del estado.
Esta nota es parte de un especial denominado ‘Ecos de la contrarreforma agraria’, lee las otras entregas:
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