Un juez mexicano ordenó la prisión preventiva oficiosa de cuatro militares por los hechos ocurridos el 26 de febrero pasado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el cual dejó un saldo de cinco jóvenes mexicanos abatidos, uno lesionado y uno más ileso.
Los cuatro militares, ahora recluidos, enfrentarán los cargos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, según informó el Poder Judicial mexicano, al considerar que "obran datos suficientes que establecen la existencia de hechos que la ley contempla como delitos".
La audiencia de este lunes se llevó a cabo por modalidad a distancia inicial y se llevará a cabo una segunda sesión, “en atención a la duplicidad del plazo constitucional solicitado por los imputados”, el próximo miércoles 12 de abril a las 16:00 horas.
El propio Ministerio de Defensa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) explicó el 28 de febrero que la acción de los elementos del Ejército mexicano se dio tras una persecución y al sonar "un estruendo". Al tiempo que Sedena detalló que se abrieron carpetas de investigación por autoridades de justicia civiles y militares.
En tanto, a mediados de marzo pasado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, había adelantado que los jóvenes no estaban armados y no se enfrentaron a los miembros de las Fuerzas Armadas, por lo que su muerte pudo tratarse de una ejecución.
Sobre el caso, el propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió determinar el papel del Ejército en la matanza de estos jóvenes para que, en el caso de que sean responsables, "sean castigados".
"A propuesta del secretario (ministro) de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que se investigue el caso. Incluso las autoridades militares ya están también ayudando en la investigación para que, si resultan responsables los miembros del Ejército, sean castigados", dijo entonces en su rueda de prensa diaria.
Entre diversas organizaciones civiles y organismos que han condenado los hechos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) también solicitó realizar una investigación "diligente, pronta e imparcial" sobre estos asesinatos.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la organización Fundar y Human Rights Watch (HRW) también demandaron una investigación de los hechos.
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