Cesar Arellano García
Ricardo Monreal Ávila, senador con licencia, ganó un amparo que lo salvaguarda de la difusión de nuevos audios que lo exhiben ante la opinión, por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, en sus redes sociales, así como en su programa Martes del Jaguar.
Agustín Tello Espíndola, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, le concedió al morenista la protección de la justicia federal para que la mandataria estatal no realice declaraciones ni manifestaciones en su contra en su emisión de internet o en su cuenta de twitter.
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El impartidor de justicia no dio a conocer la versión pública de la determinación ni los alcances del amparo; sin embargo, declinó competencia para seguir conociendo del caso, por lo que lo turnó a su homólogo del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal.
El senador Monreal Ávila promovió la demanda de garantías el 3 de noviembre del año pasado y señaló como autoridad responsable a la gobernadora de Campeche por la propagación de conversaciones contenidas en mensajes de texto y a través de redes sociales.
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En octubre de ese año, Layda Sansores presentó presuntas conversaciones vía Whatsapp entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el entonces líder del Senado, Ricardo Monreal Ávila, en que éste se ofrece a defenderlo por la investigación que la Fiscalía General de la República realizó en su contra —que concluyó con su exoneración— y acusó al morenista de “traidor”, “desleal” y de “traficar con la justicia”.
En su programa Martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche mostró presuntas conversaciones entre Alito y Monreal en que también pactan acuerdos políticos y electorales.
En su momento, Sansores San Román afirmó que tiene en su poder 337 conversaciones de Monreal vía Whatsapp, las cuales iría mostrando, mientras que de Moreno Cárdenas le quedan “800 paquetes de conversaciones con diferentes personas” que también supuestamente daría a conocer, sin embargo, el priísta también se amparó para que la gobernadora no publique los mensajes de texto.
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