Jesús Estrada
La Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), ejerció acción penal en contra de dos integrantes de un grupo criminal quienes obligaron a cuatro adultos y a un adolescente de la etnia rarámuri a realizar trabajos forzados en la localidad serrana de Yoquivo, municipio de Ocampo.
Los imputados, Henri Jovany V. B., El Chiapas, y Domingo V. B., El Mingo, quedaron vinculados a proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva, informó en un boletín de prensa la Unidad de Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Tortura de la FGE.
La Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos documentó que los dos procesados reclutaban a personas indígenas para obligarlas a realizar trabajos forzados en municipios de la Sierra Tarahumara, por lo que se les dictó vinculación a proceso por el delito de trata de personas con penalidad agravada en la modalidad de trabajo forzado, cometido en perjuicio de cuatro adultos y un adolescente de la etnia rarámuri.
Modus operandi
Las pruebas presentadas ante un Tribunal de Control del municipio de Guerrero, demuestran que los imputados atraían a las víctimas por medio de falsas promesas de trabajo, ofreciendo un pago diario de entre 200 y 300 pesos por acudir a colocar postes en la localidad de Yoquivo, municipio de Ocampo.
Una vez que atraían a los indígenas, los trasladaban del lugar conocido como lago Las Garzas, en el municipio de Guachochi, a diferentes campamentos donde les quitaban sus pertenencias y los obligaban a trabajar por más de 12 horas diarias, todos los días de la semana.
De acuerdo con los datos de la carpeta de investigación, el 13 de febrero de 2022, una de las víctimas logró huir e informar a la autoridad sobre la situación, y a partir de ese momento personal de la Fiscalía Especializada inició con las intervenciones ministeriales para esclarecer el caso.
Tráfico humano
Los ahora vinculados a proceso formaban parte de un grupo estructurado que ejercía tratos inhumanos en contra de las víctimas, a quienes amenazaban de muerte y castigaban físicamente si en algún momento intentaban huir del lugar.
El Ministerio Público acreditó la violación grave a los derechos Humanos de las víctimas, pues Henri Jovany V. y Domingo V. aprovecharon la vulnerabilidad de los rarámuri, por la falta de trabajo que existe en la región Tarahumara.
Tras una minuciosa evaluación del caudal probatorio, el juez de control resolvió que existen suficientes elementos para sujetar a proceso penal a los involucrados bajo la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure su proceso.
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