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Enrique Méndez
06/10/2025 | Ciudad de México
La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, informó a diputados que se han evaluado los permisos con que cuenta el Tren Maya, “para que se regularice la obra” y reconoció que, sobre todo en el tramo 5, los trabajos dañaron ocho cavernas y cenotes. “Hemos estado trabajando para ver que se hagan los trabajos de limpieza y retiro de concreto de la obra”, dijo en su comparecencia ante las comisiones de Medio Ambiente y de Cambio Climático de la cámara.
Esta noche, la funcionaria respondió a diversas preguntas de los legisladores sobre la deforestación provocada por el proyecto del tren y el impacto que tendrá la nueva Ley de Amparo para ambientalistas que han presentado recursos en contra de la obra.
“Ya estaba el tren cuando llegamos. No podemos decir ‘es que no lo queremos’. Ahí está”, respondió. Explicó que, a partir del 1 de octubre del año pasado, se han realizado recorridos por los siete tramos de vía férrea y las 28 obras asociadas.
“Y, por lo tanto, lo que hemos hecho es evaluar todas los permisos que tiene, los que no tiene, para que se regularice la obra. Regularizar la obra del tren significa ponerle una serie de condicionantes y es lo que nos hemos dedicado”, abundó.
Informó que se cuenta con un grupo interinstitucional de la secretaría, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y el Tren Maya, que administra el ejército.
Esa instancia realiza reuniones semanales para darle seguimiento a cada tramo, ver los permisos que faltan faltan, las condicionantes que no han cumplido y acciones que deben tomar.
Señaló que se han cuantificado las áreas de reforestación para compensar las obras del tren y sí se trabaja para regularizar las obras en materia de impacto ambiental, así como para “proponer, lograr y presionar para que se cumpla 95 por ciento de las condicionantes de impacto ambiental”.
Reconoció que si bien se reservó como clasificada hasta 2027 la información de la obra, a partir de este sexenio toda la información del tren se publica en la Gaceta Ecológica, que se publica los jueves.
Durante su comparecencia, como parte de la glosa del primer informe presidencial, el priista Samuel Palma César dijo que un análisis satelital documenta que al menos 6 mil 659 hectáreas han sido deforestadas directamente por obras del Tren Maya, y que de las casi diez mil 831 hectáreas ocupadas para instalaciones, vías, accesos y obra auxiliar, 61 por ciento careció del debido permiso de cambio de uso del suelo forestal.
Señaló que, en el tramo cinco, Cancún-Tulum, ya se han talado más de 3.5 millones de árboles y en el tramo seis, Tulum-Chetumal, otros dos punto seis millones más. Greenpeace afirma, además, que en conjunto la obra suma 2.6 millones más.
“Frente a tales datos, me permito preguntar, ¿cómo puede esta secretaría avalar que un proyecto federal arrase selvas, humedales y manglares sin reparo ni sanción? ¿Se piensa revertir alguna de las obras o exigir restauración inmediata con garantía financiera o simplemente seguirán las ruinas como parte irreversible del desarrollo? No basta con reconocer daños ecológicos años después”, insistió el legislador.
También el PAN planteó la postura de Bárcena Ibarra respecto de la reforma a la Ley de Amparo, que la cámara recibió ayer del Senado como minuta. La pregunta fue si ella está con los ambientalistas, que -señalaron diputados panistas- ahora deberán demostrar el interés legítimo si buscan que prospere un amparo contra proyectos de infraestructura.
La funcionaria respondió que, en materia del interés legítimo “y si se dará curso a los intereses difusos, como son los del medio ambiente, les diría que la palabra la tienen ustedes”.
Refirió que, antes de la comparecencia, platicó con el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, a quien le planteó que si bien las modificaciones “será mejor en muchos aspectos que la ley en vigor, “debe tener un beneficio cierto y eso todavía no está concluido esa discusión. La Corte también puede interpretarlo a favor de los defensores del ambiente”.
A otras preguntas de legisladores, también señaló que se trabaja en actualizar la norma 147 de metales pesados, que regula el manejo “sobre mercurio, arsénico y plomo, pero no sobre hierro, por ejemplo. Es para nosotros importante actualizarla y definir los límites máximos de metales pesados y darle mayores facultades a la Profepa para actualizar”.
Refirió que la Profepa clausuró instalaciones de la empresa Zinc Nacional cuando detectó niveles críticos de niveles de metales pesados y se comprobó la presencia de mercurio, plomo, cadmio, zinc y arsénico en el suelo y el aire, en sus instalaciones.
Señaló que, si bien la empresa ha retirado más de 14 mil toneladas de óxido de zinc, tiene que cumplir con el plan integral de mediación y compensación. Si bien genera 3 mil empleos, indicó, se decidió la clausura hasta que cumpla con la remediación.
“Nuestra intención no es clausurar empresas por todo México, porque si quisiéramos hay bastantes candidatos, muchos, la verdad, pero la intención es sentarnos con las empresas y que remedien el problema, si no pueden entonces sí cerrar”, comentó.
Anticipó que se trabaja en una iniciativa de reformas de fondo a la Ley General de Equilibrio Ecológico, en vigor desde 1996 y a la que se ha hecho solo “cambios pequeños y marginales. Llegó la hora de que nos metamos más a fondo”.
Edición: Fernando Sierra
