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La Jornada
28/10/2025 | Ciudad de México
Enrique Méndez y Fernando Camacho
Por unanimidad de 456 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde en lo general la nueva ley general para prevenir, investigar y sancionar la extorsión y que modifica el Código Penal Federal para incluirlo en el catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Con un salón de sesiones lleno, como no se veía desde hace varios meses, el pleno entró a la discusión de reservas, aunque se pactó que sólo se apruebe una conjunta presentada por los coordinadores de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, y que incluye diversos cambios.
Entre estos, se atenúan las penas de cárcel -que preveía la iniciativa presidencial- a policías, agentes del ministerio público, jueces o de vigilancia y custodia en las cárceles que no denuncien la comisión del delito de extorsión y sus agravantes.
La propuesta propuso sancionar con prisión de 10 a 20 años, y la reserva plantea que sea de 5 a 10 años.
También se propone que la extinción de dominio no proceda a los bienes incautados que hayan causado abandono en favor del gobierno federal, de los estados o los bienes de los que ya se haya decretado su decomiso mediante sentencia firme.
Durante la discusión del dictamen, los distintos grupos parlamentarios explicaron los alcances de la nueva ley.
El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera (Morena), explicó que los delincuentes aprovechan las diferencias del tipo penal y sus sanciones entre estados. Con una “ley general para un solo tipo penal y una sola fuerza de persecución”, se permitirá que el Estado actúe en un solo frente”, indicó.
Las bancadas de PAN y PRI insistieron en la postura de incrementar el tipo penal básico que incluye la ley, previsto de 6 a 15 años de prisión.
El priista César Alejandro Domínguez alertó también que una de las agravantes previstas para incrementar las penas de prisión podría tener un impacto negativo en los sindicatos.
En el primer grupo de agravantes, que prevé aumentar la sanción hasta una tercera parte, se considera para “el sujeto activo por sí o en representación de un sindicato, agrupación o asociación, sea real o simulada, coaccione a la víctima para que contrate, obtenga o adquiera de otra persona, ya sea física o moral, bienes insumos o servicios para el desarrollo de su actividad comercial”.
La diputada Mary Carmen Bernal (PT) señaló que la ley puede tener algunos puntos a perfeccionar, “y conforme surjan algunas necesidades propias de su aplicación seguramente” se podrán presentar modificaciones.
Planteó también que se atienda el grado de tentativa y anticipó que su bancada presentará una adición al artículo 15 de la ley, “para que quien pretenda cometer el delito, pero no lo consume, tenga una sanción”. Después de la votación en lo general, se inició la presentación de reservas con una lista de 60 oradores.
Edición: Estefanía Cardeña
