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La Jornada
25/11/2025 | Ciudad de México
Con el voto unánime de todos los grupos parlamentarios, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen mediante el cual se proponen reformas a diversas leyes para fortalecer las sanciones contra quienes cometan delitos contra el medio ambiente, y de esa forma disuadir ese tipo de conductas, aunque la oposición llamó al mismo tiempo a garantizar recursos suficientes para llevar a la práctica esos cambios legales.
Tras la aprobación de la propuesta en lo general, se avalaron dos reservas. Una de ellas, presentada por los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, incluye agravantes para los delitos de ocupación, invasión o cambio de uso de suelo de terrenos forestales, en particular en áreas naturales protegidas (ANP), o falsifique información para obtener registros, constancias o certificados de desempeño ambiental.
La segunda, presentada por el PVEM, propuso elevar penas adicionales de hasta cinco años de prisión para quienes causen muerte de ejemplares de fauna catalogada en peligro de extinción, amenazada o bajo protección especial, especialmente cuando pase dentro de una ANP.
Tras un debate de más de tres horas, la iniciativa fue aprobada por 460 votos en pro, por lo que fue enviada al Senado para la continuación de su trámite legislativo.
Endurecimiento de sanciones
Al subir a tribuna para fundamentar la iniciativa, el presidente de la mencionada comisión, Julio César Moreno (Morena), señaló que la reforma —que recupera propuestas de todos los partidos— busca atender la “crisis ambiental” que vive el país, generada por actividades como incendios provocados intencionalmente para cambiar ilegalmente el uso del suelo, y las descargas clandestinas de sustancias químicas, bioquímicas y aguas residuales en cuerpos de agua.
Otros delitos ambientales graves, apuntó, son “la acelerada deforestación y tala ilegal, el crecimiento del tráfico de especies protegidas, y el riesgo extremo para especies endémicas como la vaquita marina y la totoaba, ambas en peligro de extinción y sujetas a protección especial bajo la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre”.
Entre los puntos destacados de la enmienda, explicó el legislador, están el incremento de penas contra los delitos ambientales, ya que actualmente el Código Penal Federal castiga muchas de estas conductas con penas de entre uno y 9 años, por lo que el castigo ahora sería de 2 a 10 años.
En el caso de los delitos forestales, se establecen penas más severas para el desmonte, tala, ocupación o cambio de uso de suelo en terrenos forestales, que ahora serían de 6 a 20 años de prisión y de 6 mil a 10 mil días de multa cuando se afecte un Área Natural Protegida (ANP).
Además, se impondrá una pena de 8 a 15 años de prisión si las conductas se realizan empleando armas de fuego o violencia para obtener lucro o beneficio.
Por otro lado, dijo Moreno, también se incrementan las sanciones económicas para el tráfico de totoaba, las cuales ahora pueden llegar hasta 12 mil días de multa, además de penas de 5 a 15 años de cárcel, “con el objeto de frenar una de las cadenas criminales más dañinas para el ecosistema del Golfo de California” y “cumplir con la obligación del Estado mexicano de preservar la especie y la vaquita marina”.
La iniciativa, asimismo, incorpora nuevas conductas delictivas al Código Penal Federal nuevas figuras, como descargas ilegales en mantos acuíferos, y daños a ecosistemas críticos como manglares, humedales, lagunas, pantanos y arrecifes. También incluye agravantes por incendios provocados con fines de lucro y sanciones a quienes financien o encubran el tráfico de especies.
Además, se castiga con mayor dureza el quebrantamiento de sellos de suspensión de actividades, que hoy solo se sanciona con jornadas de trabajo comunitario, lo cual “es completamente irrisorio e insuficiente”.
Por ello, el dictamen establece la pena de seis meses a dos años de prisión para quienes quebranten o vulneren las funciones de los sellos, y tipifica como delito continuar la actividad ilegal, aunque los sellos permanezcan intactos.
Por otro lado, la iniciativa incluye por primera vez a las personas jurídicas, es decir, las empresas, como penalmente responsables de delitos ambientales, con lo cual “homologamos nuestro marco penal con la mayoría de los estados del país y con la normativa de América Latina”.
Se aprueban dos reservas para establecer agravantes
Luego de que el dictamen fuera avalado en lo general por unanimidad de 452 votos en pro, se expusieron diversas propuestas de reserva, de las cuales solo fueron avaladas dos.
La primera de ellas de Gabriela Benavides Cobos (PVEM), quien propuso elevar penas para quienes causen muerte de ejemplares de fauna catalogada en peligro de extinción, amenazada o bajo protección especial, especialmente cuando ello ocurra dentro de una ANP.
Dicha reserva, de manera inusitada, primero se desechó, pero inmediatamente después se admitió a discusión y se aprobó, luego de que, al parecer, tanto la presidenta en funciones de la mesa directiva, Paulina Rubio (PAN), como los legisladores presentes en el salón, la desecharan por estar distraídos.
La segunda de ellas fue expuesta en tribuna por el coordinador de la bancada guinda, Ricardo Monreal Ávila, e implica incrementar hasta en 15 años las penas de cárcel para quien ocupe, invada y cambie el uso de suelo de áreas forestales, si ello ocurre en una ANP, y hasta en 20 años si se realiza con armas de fuego o para obtener un lucro o beneficio económico.
De igual forma, establece agravantes para las personas que usen o difundan información falsa o simulada que induzca al engaño, error o confusión en consumidores, inversionistas e instituciones financieras para alcanzar lucro indebido, o ante autoridades ambientales “para obtener registros, constancias, reconocimientos, distintos, certificados de desempeño ambiental o cualquier otra relacionada con la gestión ambiental”.
“Sin recursos, los cambios son demagogia”: PAN
Si bien todos los grupos parlamentarios votaron en favor de la iniciativa, a la que consideraron como un avance en la protección de la naturaleza, legisladores de oposición advirtieron que la enmienda no servirá de nada si no está acompañada de los recursos económicos suficientes para garantizar su aplicación.
Diana Estefanía Gutiérrez (PAN), enfatizó que “endurecer penas por supuesto que es necesario, pero no es suficiente”, porque “muchas veces la ley avanza, pero el presupuesto retrocede. Hoy aprobamos sanciones fuertes, sanciones que fortalecen nuestra legislación, pero las instituciones encargadas de aplicarlas siguen debilitadas”.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), lamentó, tiene menos inspectores; la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conamp), trabaja “sin guardaparques suficientes”, y la Comisión Nacional Forestal sigue “enfrentando incendios sin recursos”, al tiempo que la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sufre recortes año tras año.
“Así, ¿Cómo esperan que se cumpla la ley? Amor que no se ve reflejado en el presupuesto es pura palabrería. Si de verdad queremos proteger el medio ambiente, no basta con reformar el Código Penal; necesitamos recursos humanos, técnicos y financieros para que las autoridades puedan vigilar, puedan sancionar y verdaderamente actuar”, recalcó.
La también panista, Teresa Ginez, alertó que “el verdadero reto será evitar que esta reforma quede en letra muerta o se sume a larga lista de leyes que no se aplican por falta de presupuesto. De nada sirve aprobar delitos más graves o sanciones más altas si las autoridades encargadas de aplicarlas carecen de las herramientas para operar”.
Por tal razón, dijo, exigirá que se asignen más recursos a la Profepa y la Conafor “para que puedan cumplir con las nuevas atribuciones que esta reforma les otorga, porque una política pública sin presupuesto es simplemente demagogia”.
En el mismo sentido, Iraís Reyes de la Torre (MC), apuntó que, aunque la reforma es positiva, “no alcanza, porque hay una crisis ambiental histórica y aquí solo aumentamos sanciones. Es un avance pequeño para un problema enorme, pues aumentar penas, no detiene la deforestación, no acaba con el tráfico de especies, no reforesta montañas, ni limpia ríos”.
La legisladora cuestionó: “¿Dónde están el fortalecimiento de la Profepa y la Conafor?, El presupuesto ambiental en México es uno de los más bajos de América Latina. Celebrar un aumento de penas es conformarnos con lo mínimo y no estamos aquí para eso”.
Edición: Fernando Sierra
